Regularización a la carta

El Partido Socialista ha dado las primeras pinceladas de cuál será su fórmula para legalizar las 15.000 viviendas levantadas al margen del PGOU en caso de recuperar la Alcaldía si prospera la moción de censura contra Ernesto Marín. Los socialistas apuestan, básicamente, por «ejecutar el proceso según las posibilidades económicas de los vecinos».

Dicho de otro modo, lo que proponen desde el PSOE es poco más o menos una regularización a la carta, y que «las obras se inicien por las zonas más sencillas de ejecutar» por su configuración como El Marquesado. Además, el propio José María Román insistió durante el debate plenario del viernes, en el que se frustró la aprobación de las Ordenanzas de Regularización propuestas por el Gobierno, en la necesidad de realizar un «estudio económico de viabilidad familiar».

Este documento incluiría bonificaciones por tener una minusvalía o por utilizar la vivienda como primera residencia y rebajas del 25% en el coste final si el propietario se compromete a iniciar su expediente de legalización en seis meses.

Todas estas iniciativas novedosas buscan un único objetivo: que el proceso se inicie de inmediato y discurra paulatinamente, sin forzar situaciones traumáticas para las familias. Según Román, «no se podrá jamás urbanizar una calle con 40 vecinos oponiéndose».

Este planteamiento está siendo muy criticado por el Gobierno local, que lo considera «simplemente demagogia», dijo el concejal de Urbanismo, José Pedro Butrón. Sin embargo, los planes socialistas coinciden con la postura de los propietarios que consideran excesivos los costes planteados.

Si el PSOE recupera la Alcaldía, se dará prioridad a la dotación de servicios básicos como el agua potable o la luz. Se evitaría así, según el PSOE, «la ruina que traería a Chiclana el Plan Director de Infraestructuras tal y como lo plantea el Gobierno tripartito». Para la urbanización de zonas como Majadillas, El Sotillo u Hozanejos se hará «coincidir las posibilidades económicas de los vecinos con los proyectos», lo que hará que en algunos lugares se dote en un primer momento sólo de luz y agua y en otras se realice un plan más ambicioso, que incluya, por ejemplo, zonas verdes.

Este planteamiento no exime, según asegura el PSOE, del pago del coste que se determine en el proceso. «Indudablemente, los propietarios tienen que afrontar los gastos de la legalización, pero como se plantea en estos momentos es imposible dada la coyuntura económica», aseguró Román.

El ex alcalde argumentó: «Díganme ustedes qué familia de esta ciudad tiene previsto que se le pida ocho millones de las antiguas pesetas en seis meses para legalizar su vivienda; con la masa social de frente no se va a urbanizar ninguna calle, de eso estamos seguros».

Estas palabras han sido muy criticadas por los miembros del actual Gobierno, que sin contar con mayoría absoluta no han podido impulsar un proceso que de momento sigue en el aire.

Tanto unos como otros son conscientes de la enorme complejidad que tendrá legalizar y dotar de servicios a 15.000 edificaciones construidas al margen del planeamiento durante décadas y que han estado bajo la amenaza de ser derruidas por orden judicial. La regularización afecta a miles de familias de Chiclana y de poblaciones cercanas que tienen su segunda residencia en el término municipal. Las previsiones estiman que el proceso durará más de una década y costará casi 600 millones de euros.

chiclana@lavozdigital.es