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Recesión en puertas

El anuncio por el Banco de España de que la economía española se contrajo el 0,2% en el tercer trimestre de este año, a la espera de la confirmación de la estadística del INE el próximo 14 de noviembre, implica el primer crecimiento negativo que sufre el Producto Interior Bruto en los últimos quince años y la aproximación de la economía española a la entrada en recesión. Técnicamente, ésta sólo se da por acreditada tras dos trimestres consecutivos de recorte en el PIB, pero la amenaza resulta del todo creíble a tenor de la profundidad que ha adquirido la crisis y de la negativa evolución que vienen presentando los países más desarrollados, con Estados Unidos como paradigma de las profundas dificultades existentes para reanimar una coyuntura que presenta síntomas de parálisis al menos hasta bien entrado 2009.

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El pírrico consuelo que podía suponer para nuestro país mantener un ritmo de crecimiento muy ralentizado pero aún por encima del de las principales economías europeas se ha disipado con el pésimo dato conocido ayer, que no sólo acredita los graves problemas que el descalabro financiero ha inoculado en la economía real y la extensión del fantasma de la recesión. También deja al descubierto los déficits singulares que hacen más vulnerable nuestra situación económica, que ha de hacer frente al desplome de un sector esencial como el de la construcción, a una contracción del consumo interno que había resultado fundamental en el despegue de la última década y al crecimiento del paro más rápido de la UE.

La pérdida de 800.000 puestos de trabajo en el último año, unida a la constatación por la última EPA de que ya se está destruyendo empleo, constituye sin duda el barómetro más inquietante de la envergadura de la crisis, por lo que comporta de desánimo colectivo y de contracción en las decisiones personales. De ahí que todas las medidas que adopte el Gobierno hayan de ir dirigidas a evitar que la inseguridad y la desconfianza que genera un trance tan delicado como el actual retraigan aún más las inversiones empresariales y el gasto de las familias, atenazadas por el deterioro de la actividad y por las inéditas restricciones en el crédito.

Tanto las iniciativas adoptadas para reforzar el sistema financiero y reabrir el flujo de liquidez, como todas las propuestas destinadas a intentar paliar las consecuencias más sensibles de la crisis -la última, la bonificación con 1.500 euros a quienes contraten parados con responsabilidades familiares-, deben procurar el estímulo de la inversión privada y el alivio de las economías domésticas, cuyas estrecheces están enfriando notablemente el consumo. La política de ayudas directas, como la deducción de los 400 euros, se han demostrado ineficaces para reactivar el gasto en un momento en el que el temor al empeoramiento de la economía propicia el ahorro y la reducción de costes, con el consiguiente impacto negativo en la actividad y la presión creciente del desempleo.

Activar el empleo

La ruptura de ese círculo vicioso, aun cuando esté condicionado por las incertidumbres del contexto internacional, requiere del Gobierno la movilización de aquellos recursos públicos que, forzando el margen que aún permitan el superávit fiscal y la contención de la deuda, ayuden a la recuperación de la actividad productiva y del mercado laboral, tratando de potenciar la cualificación profesional y el trabajo con valor añadido. En este sentido, la anunciada decisión de la Comisión Europea de habilitar o incrementar partidas para paliar los efectos de la crisis financiera sobre la economía real supone un compromiso añadido para los gobiernos concernidos.

La cumbre comunitaria prevista para el 26 de noviembre, convocada con posterioridad a la que se celebrará en Washington para analizar la debacle en los mercados, concretará las actuaciones que la UE pondrá en marcha de forma inmediata, en especial para auspiciar la creación de empleos a corto plazo y ayudar a los parados a volver al mercado laboral. Pero es indudable que su efectividad dependerá en última instancia de las iniciativas que adopten los ejecutivos nacionales, mejor antes que después de esa fecha.

La insistencia del presidente Rodríguez Zapatero en que la gestión de la crisis requiere de actuaciones continuadas de apoyo a las familias y las empresas en coordinación con Europa subraya la imposibilidad de encarar la amenaza de recesión con estrategias exclusivamente nacionales, pero también la responsabilidad que compete a cada gobierno a la hora de acertar en decisiones que afectan de forma directa a sus ciudadanos pero que también pueden repercutir en el contexto general. Las complicaciones sobrevenidas obligan al Gobierno a elaborar un discurso lo más realista posible ante la confirmación del brusco fin de un largo ciclo de bonanza. Un duro ajuste que pondrá a prueba en los próximos meses la efectividad de las excepciones recetas aplicadas para intentar combatirlo.