La ONU pide a España que anule la Ley de Amnistía y persiga el franquismo

El Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de España la abolición de la Ley de Amnistía de 1977, una norma aprobada por el primer parlamento de la democracia que entonces sirvió para vaciar las cárceles de presos políticos y a la que ahora se aferra la Fiscalía de la Audiencia Nacional para oponerse a la persecución penal de los crímenes del franquismo. El informe de la ONU, aprobado en la 94º reunión del comité que cuida del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, da un respaldo explícito a la Ley de la Memoria Histórica y a la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura del general Francisco Franco.

El comité, que tiene su sede en Ginebra (Suiza), celebró el quinto examen al que somete a España el pasado 21 de octubre. Tras conocer la versión del Gobierno sobre la situación de los derechos humanos en el país, el organismo de la ONU recomienda «encarar la abolición» de la Ley de Amnistía, cuya vigencia, señala, «observa con preocupación».

El problema de fondo son los desaparecidos del franquismo. El comité recuerda al Gobierno que «los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles». Pero no sólo eso. Al calor de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, también pide al Ejecutivo que impulse «la creación una comisión compuesta por expertos independientes» que tenga como misión «restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura».

En la misma línea, la ONU reclama a las autoridades españolas que pongan los medios necesarios para «permitir a los familiares de los desaparecidos la identificación y exhumación de los cuerpos de las víctimas». El comité también recomienda que el Gobierno, «llegado el caso», proporcione «indemnizaciones» a los allegados de los asesinados por el franquismo. Los técnicos de Ginebra ven con muy buenos ojos la investigación penal puesta en marcha por el juez Garzón en la medida que podría colmar estas recomendaciones, y muestran su apoyo sin condiciones a la Ley de Memoria Histórica, norma que «arrojará luz sobre la suerte de los desaparecidos».

Pero la ONU no es ajena a los problemas judiciales que los diferentes colectivos tienen para recuperar los cadáveres en las fosas comunes. El Comité de Derechos Humanos ve «con preocupación» los «obstáculos encontrados por las familias en sus procesos judiciales y administrativos para lograr la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas».

Opuesto a la Fiscalía

El respaldo del Comité de Derechos Humanos a la actuación judicial, su reclamación del fin de la Ley de Amnistía y el recordatorio de que los crímenes contra la humanidad nunca prescriben contrastan con la posición de la Fiscalía, que reclamó el pasado 20 de octubre a la Audiencia Nacional el fin de inmediato y para siempre a la «inquisición general» que, en su opinión, el juez Garzón ha desatado contra el franquismo con el fin de esclarecer la desaparición de más de 114.000 personas.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, defendió la Ley de Amnistía que ahora ataca la ONU. El Ministerio Público calificó de «absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el estigma de ley de impunidad». Exactamente lo que ahora hace el Comité de Derechos Humanos en su informe sobre España.