INICIATIVA. La delegada de Igualdad presentó ayer la campaña anual contra los malos tratos. / LA VOZ
Jerez

Las inmigrantes maltratadas denuncian menos por el temor a ser expulsadas

Ceain advierte que las trabas que esconde la Ley de Extranjería impiden que muchas víctimas de violencia de género acudan a la Comisaría La asociación reconoce que «estas mujeres tienen una mayor vulnerabilidad»

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Lo que hace unos días era sólo una intuición a raíz de la muerte de una ciudadana china supuestamente a manos de su pareja, hoy se ha convertido en una certeza: las extranjeras se encuentran desprotegidas en este ámbito y su situación está una vez más en desventaja con respecto al resto de las ciudadanas. Así lo confirmó a este medio la letrada de la asociación de inmigrantes Ceain, Fernanda Martínez, en lo que se refiere a las conocidas como sin papeles, cuyas circunstancias se complican claramente en el lugar de residencia en cuestión si optan por interponer una denuncia ante la Comisaría.

«Realmente hay un choque con la Ley de Extranjería, por lo que estas mujeres están desprotegidas. Aunque la Ley Integral contra la Violencia de Género les da un amparo exactamente igual al de las demás, en la práctica se establecen trabas: cuando alguien que está en situación irregular interpone una denuncia, la ley le impone que se le abra un procedimiento de expulsión, que queda en suspenso hasta que se celebre el juicio». Si la vista finalmente falla a favor de la víctima, la Instrucción de 2008 reconoce su derecho a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, pero si sucede lo contrario el proceso de expulsión seguirá su curso.

Esto impide, lógicamente, que muchas mujeres se atrevan a dar el paso, por las consecuencias que ello pueda conllevar. Por otro lado, si ya contaban anteriormente con dicho procedimiento abierto, jamás obtendrán la residencia excepcional aunque el juicio les resulte favorable. «Hay muchas mujeres que nunca irán a Comisaría a denunciar, porque la ley no les protege. En lo casos en que confluyen ambas leyes, la de Extranjería y la de Violencia, el Gobierno prima muchas veces la primera de ellas».

A ello se le unen problemas como el hecho de no poder acceder a la renta activa de inserción que cobran las víctimas de violencia de género, en el supuesto de que hayan solicitado el permiso de residencia y la tramitación se encuentre abierta. Además, si sus rentas dependen del presunto maltratador, tendrán que acreditar para su independencia que están dadas de alta en la Seguridad Social, por lo que todo se complica aún más. Aunque Martínez reconoce que la legalidad existente no favorece a las inmigrantes en materia de violencia machista, sí confía en que la situación pueda ir mejorando hasta adaptarse a las necesidades de estas víctimas, a las que en ningún caso se debe marginar.

«Quizá los índices demuestren que hay una mayor incidencia de violencia sobre las extranjeras, pero en ningún caso se debe indentificarlas con ello, no hay más violencia por ser extranjero, lo que sí es cierto es que estas mujeres tienen una mayor vulnerabilidad, y en muchos de los casos no saben ni adónde acudir para buscar ayuda».

Pruebas testificales

En lo que respecta al suceso que costó la vida a la mujer de origen chino el pasado 20 de octubre, durante el día de ayer y el de hoy los testigos se encuentran prestando declaración en el Juzgado de Violencia de Género, en la forma de pruebas preconstituidas, como ha podido saber este periódico. Se trata de un procedimiento por el que se cita a las partes y se graba en video lo que digan ante el juez, ya que al ser extranjeros siempre existe la posibilidad de que cuando se celebre el juicio estén en su país de origen.

En el supuesto de que ello ocurriera, en la vista siempre se podrá recurrir a lo que aparece en las cintas como declarado. No consta, sin embargo, que ninguna de estas seis personas estén en situación irregular en el país, como sí lo está el acusado, cuya orden de expulsión no tendrá efecto si se le impone una pena superior a seis años, al menos hasta que la cumpla. En cuanto a lo declarado por estos testigos, poco más ha trascendido hasta que no se levante el secreto del sumario, algo que se espera ocurra a partir de mañana.

El detenido, por su parte, continúa en la prisión de Puerto III y, según su abogado, Agustín Velloso, «está bien, dentro de lo que cabe, porque creo que aún no se ha dado cuenta de lo que ha hecho».