Las majorettes son una ganga

La Diputación de Cádiz, según ha denunciado eficientemente Mercedes Colombo, portavoz del Partido Popular en dicha Corporación Provincial, ha invertido 4.524 euros en contratar a la chirigota ilegal que le rinde homenaje a aquellos pasacalles con minifalda y charreteras con los que el Cádiz que resistió a Napoleón se dejó invadir en los 70. Si se tiene en cuenta que dicha suma financió su actuación en El Bosque, Paterna, la barriada rural de La Ina, Sanlúcar de Barrameda, Olvera y San José del Valle, salimos a 754 euros por bolo, lo que a menudo se paga por una conferencia.

Cierto es que tres de las miembras de la citada y estupenda agrupación carnavalesca -Adela del Moral, Marisa de las Cuevas y Carmen Chico¯son reconocidas militantes del PSOE, que es el partido que hace como que gobierna en la Diputación. Así que lo suyo sería que, en futuras contrataciones de esta índole, se empleara para este tipo de giras a alguna agrupación callejera con presencia del Partido Popular; aunque no recuerdo haber visto nunca en tales menesteres a los conservadores, quizá porque dicha militancia prefiera otras tradiciones igualmente respetables. Seguro que Antonio Sanz haría un papel memorable entre los Guatifó y que la mismísima Teófila Martínez no desluciría lo más mínimo entre Las Chirigóticas.

Lo que no tiene nada de chirigotesco, y hace bien la señora Colombo en reclamarlo, es que se brinde una solución al niño de Jimena de la Frontera que por incapacidad motora necesita monitores para acceder al colegio y cuyo coste bien podría salir de la partida correspondiente al Área de Educación y Programas Especiales de la que se han devengado los honorarios de las majorettes. La atención a este tipo de casos debiera ser prioritaria, no sólo a la contratación de una chirigota, sino a la de cualquier asunto que no merezca la misma urgencia fieramente humana. Así que, para dar ejemplo, tendríamos que ir pensando en suprimir al menos la fiesta de los tosantos y usar su presupuesto para suplir las carencias de los carpantas de los comandos croqueteros que cada día constituyen el único dato creciente de la macroeconomía provincial.

Desde que se promulgó la Constitución de 1978, llevamos con el trajín de suprimir o no las diputaciones, aquel imposible sueño descentralizador de La Pepa. Hubiera sido posible con la comarcalización real de Andalucía que entre todos la mataron y ella solita se murió. Ahora, la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales atribuye a tales organismos la cooperación «con las entidades locales, preferentemente con población inferior a 20.000 habitantes». Preferentemente, no excluyentemente. Eso es lo que me rechina del discurso de la portavoz del PP en Diputación, que pretenda sacar de las grandes ciudades el largo brazo cultural de la vieja Aduana. Eso cabría habérselo reprochado a Rafael Román pero no a Francisco González Cabañas, que ha sido un convencido apóstol del agropop. Seguro que si por él fuera y dado el marcado encanto rural de su gestión hasta la fecha, la Diputación no saldría de las pedanías.