El Congreso de México aprueba la reforma energética tras siete meses de protestas

La Cámara de Diputados de México ha aprobado una polémica reforma energética que ha costado siete meses de intensos debates y que ha estado rodeada de protestas de parte de la izquierda, la última hoy mismo en los alrededores y en el interior del Legislativo.

Los siete dictámenes que componen la reforma petrolera, que otorga mayor autonomía a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y que sus detractores critican porque consideran que abre la posibilidad de privatizar parte del sector, han sido aprobados en lo general a las 15.00 horas locales (23.00 GMT).

La aprobación del texto legal, que ratifica la decisión asumida la semana pasada por el Senado y que requiere de la promulgación del presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), para entrar en vigor, fue posible después de cinco horas de discusiones y algo de tensión. Concretamente, cuando una treintena de diputados contrarios a su aprobación han ocupado por la fuerza la tribuna de la Cámara Baja, instantes antes de que comenzara la sesión en la que se iba a votar la iniciativa.

Como sucediera en marzo pasado, los legisladores intentaron con su presencia frenar el debate. Pero, si entonces lograron forzar una suspensión temporal de la discusión legislativa y la ampliación del debate a foros en los que participaron intelectuales, expertos y otros representantes de la sociedad civil, en esta ocasión fracasaron.

Rechazo a la reforma petrolera

Media hora después del incidente, el presidente de los Diputados, César Horacio Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subía a un improvisado estrado debajo de la tribuna arropado por sus colegas de la Mesa Directiva para iniciar la sesión con un quórum de 424 de los 500 miembros de la cámara.

La actividad en el Palacio de San Lázaro, sede del Legislativo, había comenzado en realidad antes, cuando los integrantes de la Mesa Directiva recibieron en una sala de protocolo al líder y ex candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

López Obrador, que encabeza el movimiento de rechazo a la reforma petrolera, ha instado a los legisladores a que revisaran y corrigieran la normativa antes de votarla para evitar que con la futura ley el Gobierno pueda firmar contratos con empresas privadas en áreas estratégicas, algo que el Ejecutivo niega.

Desacuerdo entre los legisladores izquierdistas

El ex candidato presidencial, que denunció un fraude electoral tras perder las elecciones de 2006 ante Calderón, sostiene que la intención del Gobierno mexicano es privatizar el sector, controlado ahora por Pemex. La reforma, sin embargo, cancela los contratos de riesgo en exploración, explotación y transporte de hidrocarburos para evitar cualquier posibilidad de compartir las ganancias con empresas privadas.

Aún así, según López Obrador, la nueva ley debería incluir un apartado en el que se prohibiera "expresamente" la posibilidad de que compañías foráneas inviertan en los principales apartados de la producción petrolera. El político izquierdista ha argumentado esta iniciativa con la denuncia de que el actual gobernante del país, entonces secretario (ministro) de Energía, "entregó" en 2003 ocho bloques de extracción de gas natural a compañías extranjeras en la Región de Burgos "sin estar permitido, sin estar en la Constitución".

"Está en sus manos detener esta iniciativa pues de lo contrario van a convertirse en cómplices de la entrega del territorio mexicano", ha dicho el ex aspirante a la Presidencia, que fue respaldado por cientos de seguidores fuera del Palacio Legislativo, que contó con un despliegue de seguridad de 1.500 policías.

La postura de López Obrador y de sus seguidores no fue compartida por todos los legisladores izquierdistas, como ha quedado de manifiesto con la votación del dictamen sobre la Ley de Pemex, que se refiere a los contratos, resuelta con 395 votos a favor, 82 en contra y cero abstenciones. El PRD, junto con sus agrupaciones afines, Convergencia y el Partido del Trabajo, cuenta con 156 escaños en la cámara, lo que evidencia la división en el seno de esa fuerza política, plasmada en sus últimas elecciones internas, de las que salió un presidente interino después de que los aspirantes no se pusieran de acuerdo sobre el ganador.