HUIDA. Un grupo de gitanos abandona su campamento en Nápoles en mayo pasado. / EFE
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El número de gitanos en Italia se reduce por las duras leyes de inmigración de Berlusconi

El censo arroja un resultado muy bajo frente a los 140.000 romaníes calculados en mayo

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El ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, compareció ayer para dar por fin números sobre la llamada emergencia de los gitanos, la primera dosis de realidad después de meses de agitación mediática y demagogia política. Frente a las 140.000 personas de etnia romaní calculadas en mayo, en medio de la presentación de una dura ley contra la inmigración ilegal y con ataques vecinales a campamentos gitanos, el censo oficial realizado en Roma, Nápoles y Milán dice que en estas capitales, las de mayores asentamientos, hay 12.346, de los cuales 5.356 son menores. Maroni asegura que, según sus datos, al menos 12.000 gitanos más se fueron de los diversos campamentos antes de los controles. Sus destinos habrían sido España, Francia y Suiza.

Aquí se acaba la supuesta emergencia de seguridad y empieza un trabajo social organizado con estas comunidades. Consistirá en el desalojo de los campos sin salubridad, construcción de poblados que sí las observen -con luz, agua y recogida de basuras- y escolarización de menores. El censo ha contado 167 campos, de los que 124 eran ilegales. El objetivo ahora es construirles «poblados que serán un modelo para Europa», según el ministro.

El mérito de Maroni es haber abordado el problema y puesto orden en la proliferación de chabolas, pero en realidad es un resultado muy distinto de la meta original del censo. Polémico por sus características y con un coste de tres millones, ha ido perdiendo su carga política primigenia. El Gobierno de centroderecha de Silvio Berlusconi, y sobre todo la Liga Norte, el partido nacionalista de pulsiones xenófobas de Umberto Bossi, lo ideó con el fin de poder expulsar del país a los gitanos y extranjeros que no tuvieran medios de vida o se consideraran peligrosos socialmente. De ahí el censo, que preveía recoger huellas dactilares, cuando a los italianos no se les exigen, detalle que acarreó críticas de toda Europa con acusaciones de discriminación racial. Lo siguiente era la expulsión.