Reforma estructural
El paro convocado ayer por los secretarios judiciales, en protesta por la suspensión impuesta a la funcionaria encargada del 'caso Mari Luz', y las juntas de jueces celebradas simultáneamente para denunciar las injerencias políticas en la Justicia y la falta recurrente de medios en la misma han abierto una brecha inédita entre quienes operan en una Administración clave del Estado y el poder institucional. Prueba singular de ello es el insólito escrito firmado por 50 magistrados del Supremo en la que denuncian las presiones para que se endurezca la multa con que se ha sancionado también al juez Tirado, al tiempo que piden una valoración real de la carga de trabajo que arrastraba su juzgado. El riesgo de colapso por la insuficiencia de recursos de la Justicia española y los miles de expedientes acumulados tampoco puede diluir la responsabilidad individual que compete a jueces y funcionarios, especialmente cuando sus errores pueden propiciar desenlaces irreversibles. Pero la atribución del descontento a una mera expresión de corporativismo no puede ser utilizada por el Gobierno como parapeto para sortear sus obligaciones en la corrección de unas carencias que, sin duda, acaban favoreciendo la comisión de fallos irreparables.
Actualizado: GuardarLa aplicación de ratios de productividad más estrictos en los últimos años y la creación de nuevos juzgados han coadyuvado al objetivo de reducir el estancamiento, que en jurisdicciones como la penal se traduce en 270.000 sentencias sin ejecutar. Pero el nuevo impulso proporcionado en paralelo a la persecución de delitos como los de la violencia sexista no se ha visto acompañado de una dotación de medios ajustada a la envergadura de la tarea encomendada a los juzgados. El desarrollo de la oficina judicial acordado por el PSOE y el PP en el Pacto por la Justicia está llamado a desapoderar a los magistrados de aquellas tareas cuya aplicación quedaría en manos de los secretarios, pero éstos difícilmente estarán en condiciones de asumir sus nuevas atribuciones mientras carezcan de un amparo más palpable y mientras los juzgados sigan nutriéndose de interinos y profesionales sin una mínima cualificación para la tarea que han de desempeñar. La parquedad de los avances tecnológicos disponibles constituye un atraso sonrojante que simboliza las insuficiencias de un modelo que precisa de un urgente consenso para afrontar su reforma. Unos cambios que sólo pueden ser ya de carácter estructural.
