Una legalización que divide

El actual delegado de Urbanismo, José Pedro Butrón, ha dado el gran paso adelante. Ha puesto en marcha, con el apoyo del resto del equipo de Gobierno, un proceso de legalización y dotación de servicios para más de 15.000 viviendas construidas al margen de planeamiento urbanístico. Este ciclópeo proyecto tendrá un coste superior a los 600 millones de euros, una duración de más de una década, y obligará a que muchos propietarios de casas ilegales paguen entre 20.000 y 55.000 euros por tener papeles, agua y luz corriente.

Butrón está siguiendo, eso sí, el camino marcado en la anterior legislatura por el PSOE, pero va un poco más allá, insistiendo a los vecinos en las reuniones que mantiene con ellos que no les queda otra salida que sumarse al carro de la legalidad «mejor tarde que nunca». De su boca han salido recientemente frases como «las obras cuestan lo que cuestan», o «el que construyó de forma irregular debe enfrentarse a sus consecuencias».

Rechazo

La medida ya está despertando el rechazo de muchos colectivos vecinales. No en balde, las cinco federaciones de asociaciones vecinales de la ciudad han dejado claro que se negarán a seguir adelante con este plan si no se abaratan los costes por cada propietario. El edil de IU ha sido firme y ha asegurado que los 15.000 propietarios deben asumir sus pagos o las casas «serán ilegales de por vida».

En total, el proceso afectará a 18 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado, que componen las nueve Áreas de Gestión Básica que contempla el planeamiento urbano actual.

Pero el problema más grave no está dentro de esas áreas, ni será tampoco la lentitud y la complejidad que tendrá el resolver cientos de casos diferentes en zonas que con el paso de los años han consolidado su población residente sin tener servicios básicos como El Marquesado, Pago del Humo o El Sotillo. El verdadero problema, según indican en Urbanismo, estará en«otras 10.000 o 15.000 viviendas que no podrán legalizarse con el proceso que se inicia ahora porque su terreno no puede ser urbanizable», según Butrón.

Además, en el proceso de regularización de Chiclana sólo podrán participar las viviendas con más de cuatro años de antigüedad, lo que reduce su ámbito de aplicación. Si algún propietario de una casa levantada después de esa fecha decide iniciar los trámites, según el edil de Urbanismo, «el Ayuntamiento estaría obligado a denunciarlo, porque se considera que su ilegalidad no ha prescrito».

División de opiniones

Así las cosas, en estos momentos son miles de familias chiclaneras las que esperan que las Ordenanzas y el Plan Director de Infraestructuras se aprueben en el Pleno Extraordinario convocado para el lunes 27 de octubre.

Sin embargo, la mayoría de propietarios no están dispuestos a abonar los costes fijados por la Gerencia de Urbanismo. El movimiento vecinal ya ha protestado contra un precio por metro cuadrado que califica de «excesivo y propio de urbanización de lujo».

Urbanismo les responde que «el lujo para muchos sólo será tener agua, luz o acerado». Además, Butrón recuerda que «lo que va a costar regularizar es lo mínimo que podía presupuestarse» y que «las arcas municipales, es decir, todos los chiclaneros, pagarán 31 millones de euros en ese proceso».

De momento, con una situación política inestable y un Gobierno municipal tripartito de PP, IU y PA en minoría, no parece probable que la consolidación del extrarradio vaya a salir adelante.

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