El Congreso controlará cada cuatro meses el fondo de Gobierno contra la crisis

En plena jornada de derrumbe bursátil, el Consejo de Ministros aprobó aumentar desde hoy mismo la garantía de los depósitos y de las inversiones en bancos, empresas de servicios de inversión y gestoras de fondos desde los 20.000 hasta los 100.000 euros en caso de quiebra. La medida, dijo el vicepresidente económico, Pedro Solbes, no era necesaria, pero traslada un «mensaje de confianza» a los ciudadanos: «Sus ahorros están seguros». El Gobierno dio luz verde también a la constitución de un fondo con el que comprar activos bancarios de calidad para que las entidades puedan liberar recursos y financiar a empresas y familias. Esta actuación será sometida a control parlamentario cada cuatro meses.

Superado con urgencia el trámite del Consejo de Estado, el Ejecutivo ha acelerado sus planes con la aprobación del decreto que incluye la creación de un crédito extraordinario por importe de 10.000 millones de euros para lo que queda de año. En total, el fondo estará dotado con 30.000 millones ampliables hasta 50.000. El PP, que pocas horas antes debatía con Solbes la fórmula para abrir vías de liquidez que alivien la congelación crediticia, sólo obtuvo una concesión: en el preámbulo de la norma figura la recomendación de que sean los hogares y las empresas, por este orden, los beneficiarios de esta financiación. Solbes se negó a ir más allá y rechazó la posibilidad de que el Gobierno determine el destino que las entidades de crédito privadas dan a los fondos que captan. «No creemos labor del Gobierno sustituir a los gestores de los bancos en el manejo de sus carteras o cuentas de resultados», zanjó.

El vicepresidente insistió en que la operatoria del fondo no tendrá coste para el contribuyente. El Tesoro no comprará esos activos si no obtiene una rentabilidad superior al precio de la deuda más los costes de la operación. Con el paso del tiempo, las entidades tendrán la opción de recomprar esos productos, como reclamaba el PP, pero tal posibilidad no se ha incluido como compromiso en el decreto «por dificultades técnicas».

La administración, gestión y dirección del fondo corresponderán a la comisión ejecutiva del Tesoro Público, que elegirá las inversiones a realizar, y a un consejo rector que, bajo la presidencia del propio ministro de Economía, establecerá las directrices, hará el seguimiento y decidirá la aplicación de sus rendimientos. El fondo será auditado por la Intervención General de la Administración del Estado, y cada cuatro meses se remitirá un informe de gestión a la Comisión de Economía del Congreso para su control parlamentario.

Los populares consideran insuficientes e insatisfactorias las medidas adoptadas para garantizar la transparencia en torno a los recursos públicos, y además se sienten «engañados» por el Gobierno. Según fuentes del partido opositor, Solbes aseguró el jueves al responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, que el Consejo de Ministros aprobaría ayer un borrador sobre la puesta en marcha del fondo de liquidez, susceptible por tanto de incorporar modificaciones, y no un decreto ley cerrado, como finalmente ha ocurrido.