Dos años de empleo y sueldo a la secretaria judicial del 'caso Mari Luz'

El Ministerio de Justicia ha sancionado con dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez Muñoz, la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, el órgano que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia firme que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes, que murió en enero pasado.

El fallo se conoce la misma semana que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió por segunda vez con los padres de la menor asesinada, a quienes reiteró su promesa de llegar hasta el final en la depuración de responsabilidades por esta negligencia. La resolución es recurrible en alzada, ante el propio ministerio, y luego en vía judicial.

El Gobierno ha marcado distancias con el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace un mes se limitó a sancionar por estos mismos hechos al titular del juzgado, Rafael Tirado, con una multa de 1.500 euros, y ha elegido un castigo ejemplar para un asunto que desató una gran alarma social. El ministerio endurece de forma notable la sanción que le propuso el instructor del expediente disciplinario contra la secretaria Gálvez, que aconsejaba una suspensión, pero sólo de seis meses.

Recurso

Justicia no desperdició la ocasión para afirmar, mediante una nota de prensa, que la responsabilidad se le exige a la secretaria judicial con independencia de que otros organismos competentes fijen las demás responsabilidades que pudiesen existir en este asunto, «puesto que la supervisión y dirección superior» del funcionamiento del juzgado «incumbe al juez». La afirmación se realiza en línea con la Fiscalía, que la semana pasada recurrió ante el nuevo CGPJ la exigua sanción impuesta a Tirado y exigió que se le suspenda en sus funciones durante tres años por haber cometido una falta muy grave de desatención de sus obligaciones.

La resolución contra Gálvez, dictada el jueves y notificada ayer, asegura que su actuación es constitutiva de una falta grave por «negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones de dación de cuenta, impulso y ordenación del proceso, y de sus competencias de organización, gestión, inspección y dirección técnico-procesal de los funcionarios».

El ministerio considera probado que la secretaria judicial incurrió en «un cúmulo de omisiones y errores que ponen de manifiesto un grave incumplimiento de sus deberes profesionales», pero decide no imponerle la máxima sanción prevista para la falta grave en el Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales, que alcanza los tres años de suspensión .

La resolución explica que la sanción impuesta es superior a la propuesta por la instructora del expediente entre otros motivos por «la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria». Justicia entiende que no puede actuar de otra manera porque la «dilación indebida» afectó al cumplimiento de una pena de prisión y porque los hechos que motivaron la condena (abuso sexual contra su hija menor) requerían de «un especial celo» en la ejecución del fallo, que sin embargo se dilató dos años, dos meses y nueve días. El ministerio asegura que el celo exigido es indiscutible tanto por la condición de menor de la víctima como por la elevada reincidencia de estas conductas.

En descargo de la secretaria judicial, la resolución aclara que no existió «una actuación dolosa» (intencionada) por parte de la sancionada sino «un cúmulo de actuaciones negligentes o falta de diligencia».

Los responsables del ministerio no le imponen la sanción en su grado máximo en atención a varios atenuantes. Entre los citados están el reconocimiento al trabajo de la secretaria judicial por parte de los funcionarios de la propia oficina judicial, el elevado número de señalamientos en los juzgados de lo penal de Sevilla, y la gran atención que le exigían los trámites legales y al registro para la protección de las víctimas de la violencia doméstica.

Protesta del secretariado

Por otra parte, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales considera que esta sanción pone de manifiesto que el Ministerio de Justicia ha buscado «un chivo expiatorio» al que dar «un escarmiento ejemplar».

Para los secretarios judiciales el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, «intenta contentar a la opinión pública ocultando las graves carencias de la Administración de Justicia para acallar voces y no molestar a nadie» su departamento «ha decidido dar un escarmiento ejemplar» a Gálvez, «aprovechándose de un durísimo régimen sancionador discriminatorio», dicen.