Dilación excepcional

a próxima reforma de la Ley de Extranjería anunciada por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que proyecta ampliar de uno a cinco años el plazo mínimo para la reagrupación familiar de los ascendientes (de hijos a padres) ha sido recibida con sorpresa y malestar por destacadas asociaciones de trabajadores extranjeros, que lo consideran un recorte de derechos y una regresión en las políticas de integración. La realidad indica que el reencuentro familiar se efectúa en la inmensa mayoría de los casos a partir del cuarto o quinto año de estancia en nuestro país, cuando el inmigrante ya tiene estabilidad y dispone de solvencia económica. Pero la drástica ampliación supone una cautela excepcional en el derecho constitucional de cualquier ciudadano a formar una familia.