El afán de protagonismo de PSOE y PP retrasa la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo

Gobierno y PP no se ponen de acuerdo sobre la forma en que se debe tramitar la pactada reforma de la Ley de Víctimas y el desacuerdo ha hecho que se incumplan los plazos fijados. El Ejecutivo pretende que se debata el proyecto de ley que aprobaría previamente el Consejo de Ministros, y el partido opositor aboga por llevar al Congreso su proposición de ley para tener más protagonismo en la discusión parlamentaria.

El 23 de julio pasado, al calor de la excarcelación de Iñaki de Juana y de la polémica sobre las calles dedicadas a miembros de ETA, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy acordaron, a instancias de éste, hacer una reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo. Pocos días después, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, dijo rotundo que «sin duda en septiembre» el texto estaría en el Congreso. Pasó septiembre y no hay noticias de la reforma.

La portavoz popular en la cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha puesto en contacto con el secretario general del grupo socialista, Ramón Jáuregui, para materializar la iniciativa. El partido opositor quiere presentar en el Congreso una proposición de ley con su firma para que se adhieran a ella los socialistas y cuantos grupos quieran. El Gobierno, sin embargo, prefiere que el Consejo de Ministros apruebe un proyecto de ley para que se debata en la Cámara sin que ningún grupo se arrogue el protagonismo de la iniciativa.

Fuentes gubernamentales, además, no muestran entusiasmo alguno ante esta nueva modificación de la ley porque «no aporta nada» a lo esencial, que es la lucha contra el terrorismo. El PP, argumentan, sólo busca con esta iniciativa marcar una muesca más en su papel de valedor de las víctimas. El Gobierno considera asimismo, según las fuentes consultadas, que legislar al socaire de una determinada coyuntura, la puesta en libertad de De Juana o las calles con nombre de etarras, no es «lo más adecuado ni efectivo» en términos jurídicos.

El PP pretende introducir en la norma de víctimas tres apartados. El primero, obligar a «todas las administraciones públicas» a suprimir las calles, plazas, plazas o recordatorios con nombres de miembros de ETA y que no hacerlo implique un delito de desobediencia.

El partido opositor también quiere reformar el Código Penal para fijar medidas de control a los terroristas excarcelados; y, por último, regular mejor la responsabilidad civil para que los victimarios hagan frente a las reparaciones económicas de las víctimas.

El Gobierno da un valor testimonial a estas medidas, ya que las reformas no pueden tener efecto retroactivo. Su efectividad, por tanto, estaría limitada a los terroristas que salgan de la cárcel una vez que se apruebe la reforma. Entre los juristas incluso existe un debate sobre la viabilidad constitucional de esta medida.

La supresión de las calles y plazas dedicadas a etarras, por otra parte, ya está recogida en la Ley de Víctimas que aprobó el Parlamento vasco y sólo se trata de aplicarla, recuerdan desde el Ejecutivo.

Otros cambios, como los propuestos por UPyD para ampliar la definición de víctimas a los «miles» de ciudadanos amenazados y perseguidos por ETA y su entorno aunque no hayan sido objetivo de atentados no se contemplan por el momento en las conversaciones entre PSOE y PP.