El PP pone a prueba la voluntad del Gobierno de pactar la salida de la crisis

El PP quiere encarecer el acuerdo con el Gobierno para poner a prueba la voluntad de diálogo de José Luis Rodríguez Zapatero en el encuentro que tiene pendiente con Mariano Rajoy. Los notables del partido opositor consideran que la prueba más contundente de que el consenso es posible sería la retirada de los Presupuestos Generales del Estado que llegaron el martes al Congreso.

El portavoz económico popular, Cristóbal Montoro, acudirá a las reuniones de la comisión negociadora con el vicepresidente Pedro Solbes con la pretensión de lograr una «rectificación» gubernamental y no para «dar un aval» a una política económica a la que el PP culpa del agravamiento de la crisis.

Montoro admitió que el hecho de que las cuentas del Estado «hayan llegado ya cerradas limita muchísimo» la actuación del PP en este diálogo. «Desde fuera no se hace un presupuesto», alegó, «tiene que hacerse ministerio a ministerio, desde dentro».

Los estrategas del PP analizaron en su reunión de 'maitines' la situación política tras la oferta de Rodríguez Zapatero y concluyeron que el líder socialista busca desarmar la oposición del PP mediante un pacto económico frente a la crisis mientras negocia con otros grupos parlamentarios los Presupuestos. «Lo que quieren es neutralizarnos», señaló un destacado miembro de la dirección, «porque no podemos llegar a un pacto económico y votar después que no a los Presupuestos», añadió. Por eso, la opinión mayoritaria del equipo de Rajoy es que debe exigirle a Rodríguez Zapatero que retire el proyecto presupuestario del Parlamento para facilitar el acuerdo. Según estas fuentes, ésa sería una forma de demostrar una voluntad sincera de entendimiento con el primer partido de la oposición y allanaría el camino.

Los populares creen que el Gobierno tiene que comprometerse a fondo, si quiere contar con la complicidad del PP, con un acuerdo global y no únicamente presupuestario. Su temor es que Rodríguez Zapatero sólo busque la foto y garantizarse la no beligerancia de las comunidades autónomas y ayuntamientos que gobierna el partido opositor, a los que tendrá que pedir sacrificios. «Si quiere comprometernos a todos con la austeridad sólo puede hacerlo a través de los Presupuestos, que es donde se hacen las reformas económicas de verdad», defiende uno de los asistentes a 'maitines'.

Diálogo en marcha

La dirección popular está satisfecha con la táctica aplicada por Rajoy para someter a prueba el ánimo pactista de Zapatero al plantear que fueran Solbes y Montoro quienes prepararan los acuerdos. El presidente aceptó la exigencia en la conversación que mantuvieron el pasado lunes por la noche y el martes, a primera hora de la tarde, el diálogo se puso en marcha. El vicepresidente y el portavoz popular se reunirán la próxima semana para acordar la agenda del encuentro de sus respectivos líderes.

«La maniobra fue muy astuta porque hemos situado el debate donde queríamos, en el terreno técnico, de manera que el final de este proceso sólo puede pasar por acuerdos concretos», afirma un asesor del líder del PP. La misma fuente explica que se planteó la creación de una comisión negociadora antes de la entrevista en La Moncloa como un paso previo, pero no como una condición 'sine qua non' para acudir a la reunión.

Montoro ya adelantó que no se sentará con Solbes para que le explique el proyecto presupuestario - «ya sabemos leer», comentó este miércoles el diputado popular- y tampoco para cuestionar al cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno. Según el portavoz del PP, la comisión negociadora tendrá que hacer un diagnóstico de la situación, analizar «qué clase de crisis estamos pasando» y, sobre todo, «identificar la naturaleza de sus causas».

Es en este extremo en el que discrepan abiertamente el Gobierno y el partido de la oposición. Zapatero atribuye la situación española a la grave crisis financiera internacional, mientras que Rajoy asegura que las turbulencias exteriores se han visto agravadas en España, donde «hay una crisis propia» que atribuye al «tancredismo» de la política económica del Gobierno.