Responsabilidad europea
Las renovadas advertencias realizadas ayer por George Bush sobre las consecuencias «dolorosas y duraderas» que tendría un bloqueo definitivo del plan de rescate del sistema financiero han conferido a las negociaciones un tono tan dramático que no sólo incide en la situación de emergencia que justifica el proyecto, sino que subraya el agravamiento de los riesgos que está provocando su tortuosa tramitación. La excepcional iniciativa concebida para salvar a un mercado situado al borde del precipicio ha acabado dañando la credibilidad del Gobierno estadounidense y de sus principales dirigentes políticos, mientras aumentan las voces en el resto del mundo que urgen a Estados Unidos a asumir la indudable responsabilidad que le compete en la gestión de una crisis directamente vinculada a las operaciones especulativas de su sector inmobiliario. Pero es precisamente la infiltración global que están teniendo los problemas financieros en el conjunto de los mercados los que difuminan la atribución de culpas y obligan, sobre todo, a un compromiso general en la búsqueda de soluciones.
Actualizado: GuardarEl crítico momento que atraviesa EE UU y la traslación de las dificultades bancarias de uno a otro lado del Atlántico constituye un amenaza para Europa, pero también una oportunidad para emerger como un actor diferenciado en la administración de la crisis. Este objetivo está lastrado por las singularidades de los intereses y necesidades nacionales y por las limitaciones en los principios de actuación del BCE, forzado a velar antes por el control de la inflación que por la reactivación del crecimiento. Pero la reacción ante la crisis no puede conllevar únicamente una imputación de responsabilidades a EE UU, sino que requerirá de una revisión de cómo se vienen comportando el sistema financiero europeo, de la evaluación crítica de sus mecanismos de control y de acciones consensuadas para garantizar su adecuado funcionamiento dentro de la libertad de mercado. La fortaleza exhibida por la banca española y la eficacia de los instrumentos de regulación reclaman para el Gobierno español una interlocución ajustada al peso de nuestra economía en el continente.
