Solbes presenta unos presupuestos de crisis, con ingresos similares a los de tres años atrás

El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, presentó ayer martes en el Congreso un proyecto de Presupuestos del Estado para 2009 propio de estos tiempos de crisis. No sólo se verá soportado por unos ingresos equivalentes a la recaudación obtenida hace tres años, sino que contempla un recorte generalizado del gasto, un déficit de las administraciones públicas equivalente al 1,9% del Producto Interior Bruto (PIB) y, en consecuencia, un aumento de la deuda en dos puntos porcentuales, hasta 441.205 millones, el 38,8% del PIB. Solbes recordó que esa proporción está veinte puntos por debajo de la media europea, y aseguró que la financiación necesaria se podrá obtener «con comodidad», pese a la pertinaz sequía de los mercados del dinero.

El Ejecutivo mantiene las previsiones macroeconómicas para el próximo año, con un aumento del Producto Interior Bruto del 1% y caída del empleo en un 0,5%, porque son, defendió, «las que se pueden presentar hoy». Solbes rechazó las acusaciones de falta de credibilidad por haber corregido sus proyecciones nada menos que en tres ocasiones anteriores. E incluso aceptó que «pueda haber un crecimiento inferior», como piensan algunos, menos optimistas. Habrá que esperar a ver el cierre de este año, para el que el Gobierno ha previsto una evolución plana, con avances trimestrales próximos a cero en tercer y cuarto trimestres.

Las cuentas se han elaborado sobre bases igualmente inestables en variables tan decisivas como el precio del petróleo o los tipos de interés. Con datos de los mercados de futuros, se ha estimado que el barril de crudo Brent podría estar en torno a los 106,5 dólares y el precio del dinero a corto en el 4,3%, que subiría al 4,7% en la financiación a largo.

El Estado tiene previsto ingresar en 2009 un total de 202.387 millones de euros, apenas un 0,8% más que la liquidación de este año. El desplome del inmobiliario y el frenazo de la economía están haciendo estragos en el Impuesto de Sociedades, que caerá un 15,1% adicional, sobre el retroceso del 32,3% ya previsto para este año- y Solbes reconoció que sólo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrá una evolución claramente positiva, con aumento del 6,7% respecto a la liquidación de este año.

Pese a que en el próximo ejercicio se repetirá el reintegro de los 400 euros por contribuyente, una política que Solbes calificó de «permanente» mientras no se decida lo contrario, el Ejecutivo ha optado por no deflactar las tarifas. No se descontará, por tanto, el notable impacto de la inflación. Y tampoco hay otros cambios fiscales previstos en los impuestos especiales. Otros ingresos tributarios aumentarán el 11,4% respecto a la recaudación de este año, un incremento basado en las aportaciones de no residentes y del tráfico exterior.

Una vez reducida la participación de los entes territoriales, las 'entradas' de las que podrá disponer el Estado se limitan a 141.110 millones de euros. Determinado por estos escuálidos ingresos, el escenario ha cambiado de forma radical en el Presupuesto de gastos del Estado, que apenas crece el 3,3% hasta totalizar 157.604 millones de euros, una vez incluidos los 2.000 millones de euros de aportación extra al Servicio Público de Empleo.

De estas cifras se deduce un déficit del Estado de 17.100 millones, equivalente al 1,5% del Producto Interior Bruto. Puesto que para la Seguridad Social se ha previsto un excedente de 0,8 puntos de esta magnitud, los números rojos de las administraciones rondarán 1,1 puntos, hasta llegar a un déficit total de 1,9 puntos de PIB. Una proporción que, si bien no entra en conflicto con los requerimientos de estabilidad de la Unión Europea, exige la presentación, tanto por parte del Estado como de las autonomías, de los correspondientes planes financieros de reequilibrio.

Solbes descartó que, pese a la crisis financiera internacional y la desaceleración económica, España pueda incurrir en un déficit público superior al 3% del PIB, que es el listón marcado en el ámbito comunitario. «Si hubiera desviaciones, que no las preveo -aseveró- la preferencia de todo ministro de Hacienda se decanta por intentar revisar el gasto».

Empeño ciertamente difícil, cuando ya se han reducido al mínimo las disposiciones de la mayoría de los departamentos del Gobierno. En todo caso, el vicepresidente económico del Gobierno aseguró que los números rojos previstos «van a forzar una salida al mercado», para añadir que el Tesoro está ahora mismo cómodo con plazos de la deuda existente. En el peor de los casos, podría reducirse ligeramente la vida media actual, cifrada en 6,9 años. Tampoco consideraron problemático el diferencial del bono español respecto al alemán, pese a haber subido desde prácticamente cero a medio punto porcentual.

Ahorros sin peligro

«Los ahorros no corren peligro en ninguna institución española», afirmó hasta tres veces el vicepresidente económico, Pedro Solbes, durante la conferencia de prensa de presentación del proyecto de cuentas públicas para 2009. Argumentó que disponemos de un «sistema potente» de garantía de depósitos, lo que debiera tranquilizar a los clientes bancarios. Este mecanismo implica el reintegro de hasta 20.000 euros por cada cuenta cuando una entidad no puede hacer frente a la retirada de fondos por parte de los usuarios.

En su mensaje, Solbes no se quedó solo. Sus palabras coincidieron con la vorágine del rescate de entidades europeas por los respectivos Estados, y el responsable español no fue el único en salir al paso ante la desconfianza de los clientes bancarios.

«El sistema financiero español no corre ningún peligro», repitió Pedro Solbes. Argumentó que «su solvencia está sirviendo de ejemplo al mundo», en referencia a un artículo que el diario 'Financial Times' publicó ayer, donde se invita a los bancos centrales a «tomar lecciones» de la actuación de la autoridad monetaria española.

El Banco de España, evocó, impuso las provisiones cíclicas que realizó en tiempos de bonanza y con su vigilancia evitó la entrada de activos 'tóxicos'. Las instituciones también cuentan con las características estructurales de su deuda. Sufren, como todas, dificultades de financiación -reconoció-, pero se ven favorecidas por plazos mucho más largos.

Rescate bancario

En este momento -aseveró Solbes- se están produciendo en otros países actuaciones públicas, en forma de rescate bancario, que la Comisión Europea no considera ayudas de Estado. «Nosotros procesamos estos datos y los incluimos en nuestro análisis», observó. Pero insistió en que el sistema financiero español «está razonablemente cómodo, con tensiones de liquidez, pero en situación no comparable a la de otros países». Si los problemas se alargaran... «no sé que podría suceder», se sinceró.

Dicho todo esto, el vicepresidente económico agregó que, si algún día hubiera que tomar decisiones sobre alguna entidad, el Gobierno no vacilaría en hacerlo, y evocó la 'tradición' española de actuación en crisis bancarias precedentes. Aunque sólo citó los casos más recientes, como la intervención de Banesto en 1993, la situación verdaderamente delicada que hubo que solventar se produjo entre los años 1978 y 1985, cuando se vieron afectados 51 de los 110 bancos existentes en 1977, que gestionaban más del 25% de los activos del sistema y sumaban una red de 2.622 oficinas.