Opinion

Mandato de unidad

El asesinato del brigada Luis Conde de la Cruz cuando, respondiendo a su sentido del deber, colaboraba para evitar que el artefacto que ETA haría estallar en Santoña causara daños personales se convirtió, en la madrugada del lunes, en la noticia que toda la ciudadanía temía recibir. La banda necesitó tres coches-bomba y casi trescientos kilos de explosivo para lograr tan execrable triunfo. La muerte de Conde, las heridas producidas por la deflagración a otras cinco personas y la pavorosa destrucción provocada completaron otro de los cuadros dantescos ante los que se solazan los terroristas. Durante 24 horas ETA quiso demostrar que tiene «todos sus frentes abiertos». En realidad, quiso demostrar que está dispuesta a llevarse por delante a cualquiera con tal de imponer su ley. Pero los atentados de Vitoria, Ondarroa y Santoña no han sido tan sólo una demostración de fuerza. Han representado sobre todo una declaración de adhesión, por parte de los nuevos activistas de ETA, a una violencia sin límites. Una violencia cuyos efectos evalúan en estos momentos los terroristas a la espera de que entre los demócratas surjan las primeras fisuras; impacientes de ver cómo tras el funeral los nacionalistas se distancian de las demás formaciones; deseosos de hallar en el interlineado de las palabras del presidente Rodríguez Zapatero algún signo de debilidad.

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Tras desplegar tan brutal ofensiva, la banda terrorista está a la espera de que comiencen a surgir voces demandando que alguien haga algo, lo que sea, para evitar que vuelva a ocurrir. En suma, ETA espera oír esas voces que, desde una ya inadmisible ingenuidad o desde la complicidad más abyecta con los terroristas, contribuyen a transferir toda la responsabilidad de la banda a la sociedad y todas las culpas del terror a las instituciones. Por eso es imprescindible que los responsables políticos y los cargos institucionales se pronuncien frente a la amenaza etarra sin equívocos ni vaguedades, reafirmándose una y otra vez en su negativa a contemplar trueques y contrapartidas políticas a cambio de una paz que, de alcanzarse así, acabaría sometida para siempre al dictado etarra.

La evidencia de los propósitos asesinos de ETA tras el atentado de la T4 y la posterior ruptura formal de su tregua dio paso a un paulatino acercamiento de posturas entre el Gobierno y la oposición popular en materia antiterrorista. La renuncia a mantener como permanente señuelo la eventualidad de un final dialogado por parte de Rodríguez Zapatero y la proclividad de Mariano Rajoy a apoyar al Ejecutivo en materia tan de Estado ha permitido que la estrategia frente a ETA dejara de ser motivo de encendida trifulca entre los dos grandes partidos. Pero también es cierto que, bien debido a la tensión generada en el pasado reciente, bien al juego de conveniencias en el que continúa instalado cada partido, el clima unitario que se percibe resulta más pasivo que activo, más de declaraciones coincidentes que de iniciativas conjuntas. A ello contribuye, sin duda, la renuencia de PSOE y PP a formalizar un pacto explícito y a intentar la incorporación de otras fuerzas a la sintonía que han de mantener las dos formaciones llamadas a sucederse en el Gobierno de España.

Pero esta última escalada de ETA obliga a encender las alarmas de unas instituciones y de una sociedad que, en tanto han llegado a percibir que el final del terrorismo está cada día más cerca, también se han relajado en su respuesta política y ciudadana frente al desafío etarra. Los partidos democráticos no sólo han de cumplir con un mínimo de unidad, como el que ayer escenificaron con la declaración que por unanimidad suscribieron en el Congreso de los Diputados junto a las organizaciones empresariales y los sindicatos.

Es imprescindible que a ese mínimo de unidad se le sume un compromiso compartido por movilizar conciencias, por idear reacciones colectivas que despierten a la ciudadanía del peligroso letargo al que conduce saber que la derrota definitiva de ETA es sólo cuestión de tiempo. Porque mientras más se prolongue ese tiempo o mientras durante la espera la sociedad y los partidos opten por depositar toda la responsabilidad de la liquidación de ETA en manos de los tribunales de Justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, le será más fácil a la banda desbordar el cerco democrático para causar todo el daño que pueda. Ocurrió en la madrugada del lunes con el asesinato de Luis Conde.

Se trata de poner todos los medios para que no vuelva a pasar. Se trata de que la unidad democrática sostenga activamente la acción policial contra ETA. De que el Gobierno se sienta plenamente legitimado e incluso emplazado para recabar de las autoridades francesas una implicación creciente a la vista de que el territorio galo continúa ofreciendo la retaguardia desde la que la banda terrorista asesina en España. Y se trata de que las discrepancias que puedan albergar los partidos nacionalistas respecto a las sentencias y procedimientos de ilegalización de las organizaciones satélites del terrorismo nunca rebasen el límite de la racionalidad democrática, y en ningún caso lleguen a cuestionar el carácter democrático del sistema que el terrorismo pretende destruir.