Los expropiados del tranvía sabrán esta semana el valor de sus inmuebles

Los vecinos y comerciantes de la zona de Montañeses de La Isla que se encuentran afectados por la expropiación que conllevan las obras del tranvía respiran más tranquilos al saber que en los próximos días serán llamados de forma individual para que conozcan las valoraciones realizadas sobre sus fincas y negocios.

Unos datos que ya están en posesión de Obras Públicas y que se encuentran a la espera de la fiscalización del gasto por parte de la Dirección General de Transportes de la Junta de Andalucía, que es la que se va a encargar de realizar la expropiación.

Por el momento, no parece que haya ninguna complicación al respecto. De hecho, el diálogo en las últimas semanas entre los expropiados y las administraciones encargadas de la actuación del tranvía ha sido bastante fluido y los afectados ya saben que desde la Junta se ha realizado un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo que les beneficie, al entender que son los ciudadanos que van a pagar un precio más alto por la consecución de unas obras de interés general como son las del tranvía metropolitano de la Bahía.

Aunque todavía se desconocen las cantidades que maneja Obras Públicas, podrían estar muy por encima de los 800.000 euros. Las cifras exactas las conocerán los expropiados a lo largo de esta semana, de manera que ellos mismos podrán hacer sus propias estimaciones de acuerdo a las tasaciones de sus inmuebles.

Una vez se les haya informado y muestren su conformidad, se les ingresará un depósito previo a la espera de acelerar los trámites y acabar de la mejor forma posible con este problema. Pero no será hasta la próxima semana cuando se conozca el estado de ánimo de los afectados con respecto a las valoraciones y certifiquen el fin de las negociaciones o al contrario, busquen otras vías al sentirse insatisfechos ante las cantidades ofrecidas. Lo cierto es que para los expropiados se acaba un periodo marcado por la incertidumbre de conocer lo que les queda finalmente. Un espacio de tiempo que se ha dilatado dos meses, ya que los afectados esperaban conocer la resolución del conflicto en julio.

Así lo constata Javier Bey al afirmar que «la contestación de la Junta y el poder conocer las valoraciones en unos días nos quita el peso de la inseguridad por saber con qué nos vamos a enfrentar al futuro. Ahora tenemos que ver si las cantidades se acercan a nuestras expectativas, aunque por la información que nos llega no parece que haya problema. Ya hemos asumido el proceso y queremos saber cómo acaba».