OPOSICIÓN VECINAL. Los vecinos se opusieron en junio al proceso por sus elevados costes. / L. V.
Chiclana

El gobierno pretende iniciar en minoría el proceso de legalización de viviendas

El primer paso, en octubre, será llevar a aprobación plenaria las Ordenanzas

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El delegado de Urbanismo, José Pedro Butrón, anunció ayer sus intenciones de llevar a aprobación plenaria el mes que viene el Plan Director de Infraestructuras y las Ordenanzas de Regularización de las 15.000 viviendas ilegales que existen en Chiclana.

Este trámite legal daría paso según el edil a un periodo «de entre dos y tres meses de exposición pública y alegaciones» a estos documentos, lo que haría que el proceso real para dotar de legalidad los más de 18 millones de metros cuadrado de suelo urbano no consolidado de Chiclana se demorara hasta final de año.

De cualquier forma, Butrón y el tripartito no las tienen todas consigo, puesto que de momento el consenso político y vecinal en torno a este proceso brilla por su ausencia. «No sé si habrá consenso, tendremos que apelar a la responsabilidad de todos; este gobierno está de acuerdo, y mientras la oposición aún no se ha pronunciado», dijo Butrón. El problema es que en estos momentos la alianza de gobierno entre PP, IU y PA no cuenta con los votos necesarios para sacar adelante por mayoría la aprobación de dos documentos que son básicos para llevar a cabo la regularización del extrarradio.

Esto parece no importarle a Butrón, que se mostró ayer convencido de que «la regularización no es un proceso nada sencillo, pero aportará un modelo de ciudad del que actualmente carece Chiclana».

En los próximos días el máximo responsable en materia urbanística de la ciudad convocará el Consejo Económico y Social para exponer a los vecinos y al resto de representantes de la ciudad los pormenores de las Ordenanzas y del Plan Director, en busca del «máximo consenso posible».

Este documento, que contempla más de 650 millones de euros de inversión en equipamientos básicas para la próxima década en toda la ciudad, irá a aprobación plenaria en octubre. Para Butrón el inicio del proceso significa que «los ciudadanos de Chiclana tengan que afrontar el coste de la legalización de sus viviendas, porque estamos asumiendo las medidas que se tenían que haber tomado antes, y ahora, las soluciones son mucho más complicadas», aseguró.

A juicio del primer teniente de alcalde local «es obvio que actualmente en Chiclana hay menos indisciplina urbanística que hace unos años, aunque hacen falta más medios y queda mucho por hacer» insistió.