Autonomías insaciables
A principios de los años noventa tuvo lugar en el palacio de la Moncloa un encuentro entre el presidente del Gobierno, Felipe González, y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). En la reunión, distendida y cordial, se plantearon los graves problemas que afectan a los municipios españoles, prácticamente los mismos que sufren en la actualidad. Los alcaldes reclamaron una mayor participación en los tributos del Estado para hacer frente a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Como se sabe, el porcentaje de la participación municipal en el conjunto del gasto de la Administraciones Públicas es muy reducido. A duras penas alcanza el 13% del total. Tal vez sea una de las más bajas de la Europa desarrollada.
Actualizado: GuardarEl presidente, que parecía conocer bien la problemática de nuestros ayuntamientos, aconsejó a los representantes de la FEMP que dirigieran sus demandas de más colaboración hacia las Comunidades Autónomas ya que, en su opinión, la mayoría de las competencias y recursos transferibles se gestionan en el ámbito de las autonomías. Han transcurrido bastantes años desde aquella reunión y ahora, paradójicamente, se abre una nueva posibilidad de incrementar la financiación de las Comunidades Autónomas en perjuicio, es evidente, de las justas y seculares aspiraciones municipales. En efecto, a través de los medios de comunicación nos hemos enterado de que el Gobierno está en disposición de ceder a las Administraciones autonómicas el 50% del IVA y del IRPF y aproximadamente el 58% de los impuestos especiales. Si eso es así -esperemos que no- habrá que encargar una misa de Requiem por el municipalismo español. De un Estado asimétrico, como proclaman algunos, vamos a pasar a una financiación y descentralización asimétricas. Todo para las autonomías y nada o casi nada para los municipios. Es verdad que el incremento extraordinario de la inmigración durante estos últimos años ha provocado un aumento importante de los gastos sanitarios y de educación a cargo de las administraciones autonómicas y que la situación exige una respuesta ajustada, pero lo que no se puede hacer es dejar a la Administración Estatal y a los municipios en calzoncillos. Antes habría que optimizar los recursos materiales y humanos de que disponen las Autonomías y racionalizar el gasto porque la percepción que tienen los ciudadanos es que no se gestionan con verdadero rigor y austeridad. La voracidad de algunas Comunidades Autónomas da la sensación de que no tiene límites, de que todo se puede conseguir en aras de no sé qué principios aunque sea desdibujando el concepto del Estado. A lo mejor ha llegado el momento de reducir el número de Administraciones Públicas y de reflexionar sobre la conveniencia o no de mantener las Diputaciones provinciales cuyas competencias pueden asumir, sin problemas, las Administraciones Autonómicas y quizás los Ayuntamientos. No se entiende cómo los partidos y los padres de la Constitución no abordaron en su día esta posibilidad. Quedará para otra ocasión.
