Piden ocho años de prisión por vender papeles a inmigrantes

El conileño José Manuel T. G compareció ayer ante el tribunal de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial, en Cádiz, para ser juzgado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por vender supuestamente documentación falsa a dos inmigrantes ilegales de origen marroquí que fueron descubiertos en su vivienda habitual.

Por este delito y por lucrarse de manera ilícita, la Fiscalía mantuvo ayer la petición inicial de que el joven fuese condenado a ocho años y tres meses de prisión, además de que se le inhabilitase el derecho a presentarse en elecciones durante el tiempo de la condena. A la condena penal se le sumaría una responsabilidad civil consistente en una indemnización de 2.150 euros, más el pago de las costas del juicio.

Los hechos por los que se le acusa a José Manuel T. G. ocurrieron en el año 2005, durante el mes de febrero, cuando agentes de la Unidad de Droga de la Policía Judicial (Udyco) encontraron a dos personas de origen marroquí indocumentados en el que era domicilio habitual del acusado. Los agentes habían montado previamente un dispositivo de vigilancia, en busca de un posible alijo de drogas en esta case.

Los policías, sin embargo, no lograron descubrir hachís en su interior, sino a dos ciudadanos extranjeros que se mantenían ocultos en la vivienda y que aseguraron haber pagado a un español a cambio de un trabajo y documentación. Según la investigación, los dos inmigrantes ilegales llegaron a pagar 1.500 y 3.000 euros respectivamente, a cambio José Manuel debía proporcionarles un empleo y con él los papeles que regularizasen su estancia en nuestro país. En el registro del chalé fue encontrado también Jeep que había sido robado dos años antes en Madrid, de cuyo robo no se le ha imputado finalmente al acusado, pero sí de su ocultación.

Ocultos en Barrio Nuevo

La vivienda, situada en el Barrio Nuevo del municipio conileño, no pertenecía a José Manuel, sino a un familiar llamado Antonio S. T., aunque éste «nada tuvo que ver con los hechos», según el escrito de acusación de la Fiscalía. Con todo, el acusado había vivido de alquiler en el chalé durante cierto periodo.

Según la declaración de los agentes de la Udyco, recogida durante las diligencias de instrucción, José Manuel fue visto por el dispositivo de vigilancia entrando en la casa con bolsas de comida, que podrían ir destinadas a los inmigrantes.

Los hechos, en los que insistió la Fiscalía para reiterar su petición de condena, se basaron en gran medida en las declaraciones de los inmigrantes ocultos en la vivienda, que ayer sin embargo, no pudieron testificar ante el Tribunal de la Audiencia, ya que fueron inmediatamente extraditados a su país. La defensa de José Manuel, de la que se ha hecho cargo la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, lamentó que no estuvieran presentes estos testigos fundamentales, ya que, según alegaron, ninguno llegó a identificar directamente al acusado y en su día afirmaron haber pagado a «un tal Antonio». Argumentan, además, que en esa época José Manuel T. G. había dejado de vivir de alquiler en la vivienda. Por tanto «no quedaría acreditado» ni siquiera «que ayudara o facilitara el tránsito» de los extranjeros. Como consecuencia, pidió la absolución y la libertad de José Manuel T. G., una decisión que ha quedado vista para sentencia.

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