Crisis prioritaria
El presidente del Gobierno abrió ayer el curso político en la tradicional fiesta minera que se celebra en la localidad leonesa de Rodiezmo, donde anunció un incremento del 6% en las pensiones mínimas para 2009. Su discurso permitió confirmar que mantiene inalterable sus compromisos con las rentas más desfavorecidas a pesar de las restricciones que está provocando la crisis económica, al tiempo que dejó clara su disposición a alentar en este arranque de legislatura debates sobre asuntos sometidos a una fuerte controversia partidaria. Aunque el aumento en las prestaciones más bajas anticipado por Rodríguez Zapatero resulta más contenido que en ejercicios precedentes por efecto de la elevada inflación y del parón económico, su identificación de la iniciativa como la respuesta adecuada para responder a las dificultades de quienes disponen de menos recursos vuelve a evidenciar la renuencia del presidente a asumir con pleno realismo la envergadura del frenazo. Resulta tan coherente como ineludible que el Ejecutivo incida en las políticas de protección social ante una crisis que está mermando el poder adquisitivo de muchas familias y que ha engrosado de forma ostensible las listas de desempleados. Pero la pertinaz insistencia en ese mensaje implica vincular los problemas con un determinado segmento de la población anclado potencialmente en el electorado socialista, lo que supone esquinar las consecuencias más amplias y profundas de la desaceleración. Y obvia aclarar, al tiempo, en qué medida la brusca disminución de los recursos públicos recortará el gasto social.
Actualizado: GuardarLa entidad de la crisis no implica que el Gobierno deba renunciar a aplicar el resto de su programa político. Pero sí le sitúa ante la responsabilidad inexcusable de establecer prioridades, máxime cuando las preocupaciones ciudadanas están ligadas a las estrecheces económicas y cuando el Ejecutivo carece de una mayoría parlamentaria estable que le permita dar por aprobado su proyecto de Presupuestos y animar reformas legislativas con la garantía de un mínimo consenso. El Gobierno está legitimado para profundizar en las propuestas de extensión de los derechos civiles que impulsó con tanto ahínco en su primer mandato. Pero parece cuando menos incongruente el modo en que se han reactivado cuestiones como la revisión del Ley del Aborto o la regulación de la muerte digna, cuando el PSOE evitó explicitarlas en sus propuestas electorales; o cómo se ha asumido la iniciativa del juez Garzón de instar un censo de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil, dado que el Ejecutivo está limitado por el contenido de la Ley de Memoria Histórica. La efervescencia adquirida por esos debates interpela a Rodríguez Zapatero para despejar en su comparecencia de este miércoles ante el Congreso si ha interiorizado que la gravedad de la crisis le obliga a subordinar objetivos.
