El Juzgado de Menores tramita 400 delitos al año contra la seguridad vial

Si el Juzgado de Menores soportaba ya un colapso considerable, con el endurecimiento de las normas de seguridad vial este órgano no da para más. Como ha podido saber LA VOZ a través de fuentes del Juzgado, en la actualidad el volumen de expedientes que en él se tramitan se ha visto aumentado en diez por semana o, lo que es lo mismo, en unos 400 al año, debido a esta circunstancia. Lo que antes era una simple falta como conducir sin el carné reglamentario o sin seguro ahora se ha convertido en un delito, lo que ha influido negativamente en la fluidez y la calidad asistencial del sistema judicial.

«Hay una avalancha de temas de seguridad, porque se ha convertido en delito prácticamente todo, lo que requiere mucho papeleo. Conviene analizar qué es lo que más importa; está mal que no lleven el casco o que conduzcan sin seguro, pero es peor que violen a alguien o que peguen a su madre». Estas fuentes aseguran que en los Juzgados de lo Penal también se está produciendo una situación parecida, que desespera a los funcionarios.

Y es que en la práctica los profesionales afirman con rotundidad que los resultados de incluir más delitos en el Códgio Penal no son los esperados, al menos en el caso de los menores. «Es mucho más efectivo que les imponga la Policía una multa de 600 euros, que paguen ellos o sus padres como responsables civiles solidarios. En estos casos no se aplica lo de la presunción de inocencia, ahí lo que vale es lo que dice el agente. Esto sería más eficaz que un juicio que tarda, donde se hace el paripé y donde en muchas ocasiones se acaban imponiendo penas como trabajos para la comunidad que no se ejecutan, por lo que al final les sale gratis».

Lo cierto es que el tema preocupa a la plantilla, y mucho más desde que se baraja la posibilidad de trasladar este órgano para instalar en el lugar que ocupa en el edificio de la avenida Álvaro Domecq al Juzgado de lo Social número 3, que abrirá sus puertas en diciembre. Como explican los afectados, si Menores se separa de su Fiscalía, ubicada en el mismo inmueble, el retraso en la tramitación de los procedimientos será aún más notorio. Según estas fuentes, un piso alquilado o un local comercial podrían albergar al órgano antes de que termine el año, un punto que la delegada provincial de Justicia, Blanca Alcántara, se ha apresurado a desmentir a este medio.

Aunque prefiere no especificar cuál será el destino del juzgado que se trasladará, sí ha confirmado que no se contempla la opción de alquilar ningún local o vivienda, como también ha garantizado que «el Juzgado de Menores no será el que se moverá».

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