El Gobierno anuncia que habrá una nueva ley del aborto en 2009

La actual Ley del Aborto, con 23 años de vigencia a cuestas, ya ha cumplido su papel y el Gobierno no la reformará. Habrá «una ley nueva», anunció la ministra de Igualdad. Bibiana Aido presidió ayer la primera reunión del comité de expertos que asesorará al Ejecutivo en el diseño de la misma. El proyecto de ley se presentará en el primer semestre de 2009 y entrará en vigor a finales del próximo año o comienzos de 2010.

Eso fue cuanto avanzó Aido, que coordinará un grupo de trabajo del que participan también los Ministerios de Presidencia, Sanidad y Justicia, y ocho médicos y juristas de prestigio y vitola progresista. Fue todo y fue bastante, porque se trata del pronunciamiento más nítido escuchado hasta ahora a un miembro del Gobierno sobre un nuevo marco legal de la interrupción voluntaria del embarazo.

Antes y ahora, la reforma de la ley del aborto es un asunto controvertido dentro del PSOE, en el partido y en el Ejecutivo, y sobre el que ha pasado siempre tan de puntillas como ha podido.

La titular de Igualdad no precisó si será una ley de plazos, con un número de semanas de aborto libre sin condiciones, o un sistema mixto que aúne plazos y algunos de los supuestos actuales.

Tampoco detalló si cambiará la naturaleza misma de la norma. La de 1985 es una ley despenalizadora, que considera delito el aborto, pero al que deja sin pena cuando se practica en los supuestos autorizados: violación, malformaciones en el feto o riesgo físico y psíquico para la madre.

Los sectores más progresistas del partido y de la sociedad creen llegado el momento de fijar el aborto como un derecho de la mujer y una práctica médica sujeta a regulación terapéutica, como tantas otras.

Sin llegar a tanto, Aido aseguró que la ley recogerá «lo mejor de la legislación comparada» para garantizar los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales sanitarios. También, la equidad territorial. «No puede ser que en España una mujer que decida interrumpir legalmente su embarazo tenga dificultades y que el tratamiento que reciba en esa circunstancia sea distinto en función de la comunidad autónoma en la que viva», argumentó. Navarra es el ejemplo máximo del obstruccionismo político y administrativo: ningún centro público o privado está autorizado a practicar abortos en esa comunidad.

El grupo de expertos lo integran los catedráticos de Derecho Penal José Luis González Cussac y Patrizia Laurenzo, y la jurista María Durán Febrer, especializada en violencia de género. En el área médica, Elena Arnedo, especialista en planificación familiar; Javier Martínez Salmeán, jefe de Obstetricia del hospital Severo Ochoa; José María Bedoya, catedrático de Ginecología; Consuelo Catalá, primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo; y Francisco Donat, ginecólogo.

Se trata, dijo Aido, de profesionales «de alto nivel científico e intelectual», a tono con el debate «serio, sosegado y de altura» del que la ministra pretende rodear la nueva ley. Su dictamen estará listo en un plazo máximo de seis meses.

El trabajo del comité discurrirá en paralelo al debate que se abrirá en breve en el Congreso. El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, aseguró que cursará en breve la petición para constituir la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar los cambios necesarios en la ley.

Por la subcomisión desfilarán cuantos expertos convoquen los grupos parlamentarios y representantes de los sectores implicados. Allí se podrá escuchar a las clínicas abortistas acreditadas, muy molestas por su exclusión del comité reunido por el Gobierno.

«Estaremos en contacto permanente con ACAI (la principal asociación) porque queremos un debate intenso», dijo Aido. Portavoces de su departamento recordaron que las clínicas son «parte interesada» y su presencia no cuadra en un grupo asesor técnico.

En España, el aborto está despenalizado durante un plazo de 12 semanas cuando el embarazo es fruto de una violación; hasta las 22 semanas si hay malformaciones en el feto, y sin plazo en el caso de riesgo grave para la madre. Desde que entró en vigor, la sociedad ha cambiado, las necesidades son otras y «es lógico que tras 23 años esto se revise», apostilló Aido.