Un calendario legislativo apretado
La actividad parlamentaria se reanuda esta semana tras el parón de agosto. Si el último periodo de sesiones fue de escasa producción legislativa, apenas se aprobó un proyecto de ley para ratificar el Tratado de Lisboa, el que se abre se presume muy prolífico.
Actualizado: GuardarDe entrada, el Congreso y el Senado tienen que designar los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial. PSOE y PP pretenden que el trámite no se demore, tras más de 20 meses de interinidad de sus actuales titulares, y que a mediados de mes se vote a los nuevos miembros del órgano de gobierno de la judicatura. El socialista José Antonio Alonso y la popular Soraya Sáenz de Santamaría apuran las negociaciones para pactar los nombres de los jueces y juristas que formarán el organismo en los próximos cuatro años. Después, en octubre o noviembre, será el turno del Tribunal Constitucional. El Congreso tiene que designar al sustituto del fallecido Roberto García-Calvo, y el Senado a los cuatro magistrados que correspondía renovar en diciembre pasado. Las Cortes también deberán plasmar en leyes el acuerdo antiterrorista que alcanzaron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy el 23 de julio. El Gobierno prevé enviar en breve a la cámara baja la reforma de la ley de Víctimas del Terrorismo. El PP también pretende aprobar varias normas para evitar que calles y plazas honren a terroristas, reforzar la responsabilidad civil de los miembros de ETA para que paguen las indemnizaciones impuestas, y establecer un control más férreo sobre los condenados por terrorismo cuando cumplan sus penas.
El Congreso y el Senado deberán aprobar asimismo en los próximos cuatro meses los Presupuestos para 2009, en el que el Gobierno se juega su estabilidad para toda la legislatura. Las Cortes deberán dar luz verde además a la reforma de la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, una vez que se alcance un acuerdo sobre el modelo que ahora se negocia y sobre el que el entendimiento está aún lejano.
El calendario se completa con la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y la puesta en marcha en la cámara baja de la subcomisión para la reforma de la Ley Electoral. Todo ello, sin contar con la rutinaria producción de proyectos de ley del Gobierno y las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.
