Escollo catalán
La comparecencia parlamentaria del vicepresidente económico Pedro Solbes volvió a constatar ayer la dificultad de compatibilizar la exigente interpretación que los partidos que gobiernan en Cataluña y CiU hacen del modelo de financiación contemplado en su nuevo estatuto con el logro de un sistema común al conjunto de las autonomías. Un problema que se volverá irresoluble mientras las citadas formaciones catalanas -incluido el PSC- consideren como incumplimiento de una ley orgánica refrendada la no concreción del contenido financiero del Estatut con anterioridad al pasado 9 de agosto. La naturaleza paccionada de toda norma estatutaria hace de su articulado una materia siempre sujeta a un desarrollo negociado tanto con carácter bilateral como en el marco de la multilateralidad que ha de establecerse en materia financiera a tenor de la Carta Magna y de la lectura que de la misma ha hecho reiteradamente el Tribunal Constitucional. La defensa a ultranza de la lectura más ambiciosa que pueda realizarse del Título 6 del estatuto catalán puede constituir una actitud táctica en puertas de una negociación, pero nunca convertirse en una condición irrenunciable para un eventual acuerdo. La suficiencia financiera a la que legítima y responsablemente ha de aspirar la Generalitat sólo podrá compatibilizarse con la suficiencia requerida también por las demás comunidades siempre y cuando se persiga desde una posición más flexible, diáfana y proclive a la búsqueda de puntos de encuentro que propicien la unanimidad de las autonomías en el diseño del nuevo sistema. Ni el equívoco reparto de papeles en el seno del tripartito catalán, ni la pretendida asunción del liderazgo de un frente común por parte de los convergentes contribuyen a ello.
Actualizado: GuardarEl portavoz de CiU quiso avanzar ayer una vía de salida, aunque también de presión, al presentar la negociación de los presupuestos generales como un ámbito complementario a la definición del nuevo modelo de financiación. Es sin duda algo que está en la mente de todos los gobiernos autonómicos y del conjunto del arco parlamentario. La paulatina conversión del superávit público en déficit, que se ha incrementado hasta el 0,9% del PIB, obliga sin duda a que los recursos adicionales ofrecidos ayer por el vicepresidente Solbes de cara a facilitar el acuerdo general tengan que derivar de un ajuste presupuestario por parte de la Administración central y de una cuidada distribución territorial de sus inversiones. Pero llegados a este punto en el empeño por parte de Rodríguez Zapatero de dar cauce a la revisión del modelo autonómico sería reprobable que el Gobierno, obligado tanto por la aritmética parlamentaria como por la crisis económica, optase por transferir al ámbito de la negociación presupuestaria los esfuerzos que debe realizar para alcanzar un acuerdo óptimo y duradero en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en especial, para conseguir que la Generalitat adopte una postura más razonable capaza de comprometer también a los convergentes.
