El PP pide información de las multas urbanísticas tramitadas desde 1999

El PP solicitó ayer a la Gerencia de Urbanismo información sobre las sanciones tramitadas entre los años 1999 y 2002, con el fin de averiguar si el archivo sistemático de expedientes urbanísticos, como denunciaron el pasado jueves en la Fiscalía Provincial, se dio también en ese periodo. «Una vez que obtengamos los datos, los someteremos a estudio y valoraremos la posibilidad de ampliar la querella interpuesta al PSOE por la paralización de 1.717 sanciones entre los años 2003 y 2006»; comentó Teresa Ruiz-Sillero, delegada municipal.

Concretamente, el documento expedido por los populares solicita información sobre las sanciones urbanísticas comunicadas al Servicio de Recaudación; los expedientes pendientes de cobro y el número de multas recaudadas.

José Pedro Butrón, delegado de Urbanismo, declaró que desde la Gerencia se está facilitando todos los datos solicitados por el PP y explicó que, de ser ciertos los hechos denunciados, la ciudad está ante «unos hechos muy graves». Según el concejal de IU, la situación en la que se encontraron al departamento de disciplina urbanística cuando entraron en el gobierno «era lamentable si se tiene en cuenta que Chiclana es uno de los municipios de España con más casos de ilegalidades urbanísticas».

Ni Butrón (IU) ni Sillero (PP) supieron responder cuántas sanciones urbanísticas habían tramitado en los 14 meses de cuatripartito, aunque se mostraron dispuestos a activar los expedientes no caducados y que se encontraban archivados por el gobierno socialista.

Reorganización

«Estamos en un proceso de reorganización de la Gerencia de Urbanismo, que llevará consigo el aumento de personal y de medios técnicos. Esto conllevará la agilización de todos los expedientes», expresó Butrón.

El alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, no quiso hacer declaraciones sobre la sanción presentada en Fiscalía contra siete cargos del PP, «ya que correspondía una actuación exclusivamente del Partido Popular».

De otra parte, José María Román, portavoz del oposición y uno de los cargos denunciados, insistió en que «todo era una cortina de humo» y que el PP debía estar más preocupado por los 250 votantes que reclaman un gobierno sin tránsfugas.

Cabe recordar que el PP presentó una denuncia ante la Fiscalía por prevaricación por omisión contra siete cargos del PSOE. Asimismo, revelaron que la paralización de estos expedientes urbaníticos había supuesto un perjuicio económico para la ciudad de más de 100 milones de euros.