Los vecinos de los diseminados se reúnen con Fustegueras para analizar el PGOU

Hoy comienza la ronda de contactos de Territorio y Ciudad con los vecinos de los diseminados. La coordinadora de asociaciones vecinales, Coave, inicia estas reuniones llevando bajo el brazo muchas dudas y peticiones.

Desde que Territorio y Ciudad tomó las riendas del nuevo Plan General de Ordenación, su responsable, José Manuel Fustegueras dejó claro que quería contar con la participación de los afectados. Para ello, envió a todos los colectivos una carta para iniciar esta ronda de contactos. Además, les hizo entrega hace un par de semanas del documento de tendencias en el que Territorio y Ciudad hace un análisis del Plan General de Ordenación Urbano que el anterior equipo de Gobierno no llegó a aprobar y donde se establecen las principales líneas que seguirá el nuevo modelo de ciudad que se conseguirá tras la aprobación del nuevo plan.

Solicitudes

Desde Coave, su presidente José Antonio Castro, valoró muy positivamente la posibilidad de participar en la elaboración del nuevo PGOU. Bajo el brazo, los representantes de Coave llevan el ya famoso protocolo de luz y agua que están negociando con la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra.

Los vecinos quieren que se concedan los permisos a todas las viviendas que se encuentren en diseminados que van a ser regularizados con la aprobación del próximo PGOU. Por el momento, las negociaciones con la edil continúan abiertas. En el último encuentro con la edil los vecinos consiguieron eliminar el último punto del protocolo que hacía referencia a la catalogación de las parcelas. En concreto, el punto determinaba que las construcciones a las que se les concedería los permisos no podrían provenir de parcelaciones urbanísticas clandestinas originadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (2002).

Pero los vecinos tampoco están de acuerdo con el resto de exigencias del protocolo, por lo que aprovecharán la ocasión para plantear la posibilidad de que se le concedan los servicios mínimos al menos a todas las viviendas de los diseminados en los que se han aprobado proyectos de electrificación y de agua con los correspondientes permisos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía.

Además, desde Coave se trasladará a Fustegueras el problema de los expedientes sancionadores. Los vecinos exigen «la paralización completa de los expedientes y multas coercitivas» que en algunos casos ya superan los 100.000 euros. Por su parte, desde el Ayuntamiento por el momento solo se ha barajado la posibilidad de ofrecer facilidades de pago.