Cambios lastrados
La participación ayer, con carácter excepcional, del presidente del Gobierno en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la convocatoria hoy de un Consejo de Ministros extraordinario para afrontar las consecuencias de la crisis reflejan la determinación del Ejecutivo de tomar la iniciativa para tratar de contrarrestar tanto la catarata de indicadores negativos, como las críticas de inacción que le viene dirigiendo la oposición. Si la primera reunión coincidió con la publicación del IPC, que ha repuntado hasta cotas que no se alcanzaban desde 1992, la segunda lo hará con los datos sobre la evolución del PIB en el segundo trimestre del año, que apuntan a una pronunciada desaceleración de nuestro crecimiento. La negativa presión de los precios sobre el consumo ha vuelto a hacerse patente en julio, dado que la caída de cinco décimas fruto de las rebajas de verano ha sido del todo insuficiente para contener una tasa interanual instalada en un preocupante 5,3%. La confianza expresada por el Gobierno en que el IPC empiece a enfriarse a partir de este mes podría responder a un escenario realista si se afianza el abaratamiento de la factura del crudo por efecto, entre otras razones, de la menor demanda y se atenúa la carestía de los alimentos básicos. Pero el empeño del Ejecutivo en seguir atribuyendo al petróleo y a otras causas exógenas la responsabilidad principal del alto coste de la vida elude que la inflación subyacente -la que excluye la energía y los productos frescos- llega al 3,5%, así como el endémico diferencial con la eurozona que lastra la competitividad española.
Actualizado: GuardarLas fuertes tensiones inflacionistas, pero también la necesaria revisión de nuestro modelo de crecimiento, exigen avanzar hacia una mayor vinculación de las subidas salariales con la productividad antes que con el incremento del IPC. Pero la moderación en los sueldos, que también ha de repercutir en la austeridad de la Administración, debe medirse con tino para evitar que la pérdida de poder adquisitivo no ralentice aún más el consumo exterior, un riesgo que ya ha dejado sentir sus efectos en economías en crisis como la japonesa. Junto a ello, la constatación de que los precios despuntan tradicionalmente en España por encima de la media europea obliga a perfeccionar los mecanismos de control de la especulación -la Comisión Nacional de Competencia investigará ahora si las bajada del coste del petróleo se traslada realmente a las gasolineras-; al tiempo que urge la adopción de otras medidas, como la trasposición de la directiva comunitaria de servicios que trata de acelerar ahora el Gobierno. Esta iniciativa, como otras que impulsará hoy el Consejo de Ministros, se perfilan como antídoto para la crisis. Pero habrían sido más eficaces si se hubieran promovido en los tiempos de bonanza, cuando la fortaleza económica habría permitido afrontar reformas cuya eficiencia frente a la desaceleración está ahora por verificar.
