Once años de litigios en el Camino 173

Tener una parcela o vivir en una de las fincas del Camino Público 173, junto a la barriada de Las Pachecas, lejos de ser una apacible experiencia, se ha convertido en una pesadilla para casi todos sus habitantes. Es lo que denuncia una decena de familias de la zona, que aseguran estar sufriendo «una tortura porque hay un vecino que nos amarga la vida». La raíz del problema está, precisamente, en esta misma vía. A pesar de que hay sentencias del Juzgado de Primera Instancia de Jerez -a las que ha tenido acceso LA VOZ- que dejan claro que el Camino 173 es de titularidad pública según informes de la Junta de Andalucía, este individuo «dice que es suyo e intenta negarnos el paso a nuestras parcelas», explican dos de los afectados, Francisco Gutiérrez y Francisca Rodríguez.

«Este señor tiene, al menos, quince sentencias en su contra -asegura la portavoz de las familias, Elena Molina,- y la primera de ellas la interpuso en 1997 un vecino que acabó marchándose de aquí». De hecho, no es el único habitante del Camino 173 que ha optado por vender sus posesiones. «Estamos desesperados. Tiene una orden de alejamiento de cinco metros del resto de los vecinos y se la salta cuando quiere. Se pasea junto a nuestras lindes para provocar. La Guardia Civil o la Policía se lo llevan detenido y lo sueltan enseguida a la espera de juicio, aunque en una ocasión estuvo 18 días en prisión».

Entre otras «acciones» -según relatan los afectados- este vecino les ha cortado ya en dos ocasiones el acceso a su finca cavando zanjas, rompiendo canalizaciones y cerrando la entrada con alambres. «También ha destrozado el sendero que llega hasta los contadores de luz», cuentan. Pero, por desgracia, el problema no se ha quedado ahí, sino que también ya hay denuncias por amenazas e incluso agresiones físicas: «Tiró a un señor mayor al suelo y se echó con el coche contra una mujer», relata el matrimonio. En otra ocasión, cuenta Molina, «le dio un puñetazo a un niño de 13 años, incluso en presencia de la Guardia Civil, y le partió la tibia y el peroné a un amigo de mi hermano».

En estos últimos cinco años, desde 2003, los incidentes con este individuo se han agravado y «ahora somos nosotros quienes nos sentimos como delincuentes porque nos pasamos el día en los Juzgados».

Miedo y odio

La familia de Francisca Rodríguez vive en la ciudad y no puede disfrutar de su terrenito como le gustaría: «No dejo que mis hijos vayan al campo con sus amigos porque me da miedo y cuando mi marido va solo, estoy intranquila hasta que vuelve».

A la portavoz de los vecinos, por el contrario, el sentimiento de miedo ha dejado paso a otro bien distinto: «Me temblaban las piernas cuando lo veía pero ahora le tengo odio», asegura. Los vecinos esperan que «en el juicio que tenemos el día 29 de septiembre -que se prolongará durante seis días- le caiga una bien gorda».

Al parecer, no es la primera vez que esta persona tiene problemas con residentes en otros lugares: «Se tuvo que ir de Espera y de Los Cejos», cuentan los afectados.

Hoy, manifestación

Ante la falta de una solución contundente y tras cinco años intensos de juicios y sentencias favorables a las familias, los vecinos -que están cerrando estos días los últimos trámites para constituirse en asociación- se manifestarán a las siete de esta tarde en la entrada del Camino 173 (Rancho Zarandilla) para «pedir ayuda a la Administración». Los afectados temen que «la situación alcance consecuencias irreversibles y, reivindicando el derecho de una convivencia pacífica, nos hemos visto obligados a salir a la calle».

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