Un magistrado del Supremo se suma a los defensores de la cadena perpetua

Un magistrado del Tribunal Supremo se sumó ayer a quienes reclaman la instauración en España de la cadena perpetua revisable para castigar a criminales peligrosos o de muy difícil reinserción como terroristas, pederastas, violadores o maltratadores de mujeres. El juez Francisco Monterde, miembro de la Sala de lo Penal del alto tribunal, consideró «muy razonable» e incluso «deseable» esa posibilidad con la particularidad de que sea revisable para que el delincuente, pasado un tiempo de condena, sea sometido a una revisión para analizar su grado de reinserción y resolver si se acorta o se mantiene la reclusión.

Monterde, miembro destacado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), explicó que la reclusión de por vida, vigente en estados europeos como Gran Bretaña, Francia y Holanda -que no cierran la puerta a una eventual excarcelación- evitaría lo que denominó «efectos llamada» y terminaría con la imagen de que España es un país poco severo con los delincuentes. Este castigo dejó de existir en España con la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

El magistrado hizo esa reflexión en El Escorial en los cursos de verano de la Universidad Complutense, donde defendió la necesidad de que España esté «en perfecta homologación» con los países de su entorno en materia penal. Explicó que el encaje de la cadena perpetua revisable en el ordenamiento jurídico sería perfecto, a su parecer, porque la Constitución establece que las penas «están encaminadas a la reinserción». «La cadena perpetua propiamente dicha no existe en ninguna parte», subrayó.

Monterde no es el único juez que defiende la prisión perpetua, anhelada por algunas asociaciones de víctimas del terrorismo y reclamada la pasada legislatura por muchos ciudadanos en las movilizaciones convocadas con el apoyo del PP contra el diálogo del Gobierno con ETA y la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos. El portavoz del CGPJ, Enrique López, insistió esta misma semana en que la cadena perpetua para casos de terrorismo es «plenamente constitucional». López subrayó que si en España, para salir de prisión, los poderes públicos exigieran, como en Francia, un arrepentimiento, se evitarían casos como la alarma social que generó la excarcelación de De Juana, tras cumplir sólo 21 de los 3.000 años a los que fue condenado.

40 años de prisión

El Gobierno de José María Aznar reformó en 2003 el Código Penal para que determinados terroristas pasen hasta 40 años en prisión, medida que algunos partidos y organizaciones equipararon con la implantación de una cadena perpetua encubierta. En contra del PSOE y el PP, que excluyen la cárcel de por vida del paquete de medidas que preparan para endurecer el trato a etarras no arrepentidos, López defendió «seguir en la línea comenzada en 2003» para que el cumplimiento de las penas sea efectivo y «la Justicia se acomoda a sus pretensiones».

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró ayer que su partido no comparte esa tesis y sostuvo que la discusión sobre la prisión perpetua es «inútil» y propia de mentalidades de siglos anteriores. El dirigente popular, que negocia con el ministro del Interior vías para endurecer las leyes contra los terroristas que salgan de prisión sin haberse arrepentido ni pagado las indemnizaciones, aseguró que «el debate de la cadena perpetua al modo clásico decimonónico de que se pudra en la cárcel es un debate inútil, superado, y que probablemente no lleve a ninguna parte».

El ex ministro del PP cree que el hecho de que los terroristas permanezcan en prisión «hasta que se mueran» no cumple con la finalidad de la pena, que es su reintegración a la sociedad. «No se gana nada con que una persona se quede en prisión cuando ha tenido un total de cumplimiento efectivo de cuarenta años», apostilló.