El intrusismo laboral causa la pérdida de 200 puestos de vigilante

El sector de la seguridad privada no atraviesa por su mejor momento, y en Jerez los profesionales del ramo tampoco escapan de la situación de crisis generalizada. Tanto es así que, según han contabilizado ellos mismos, en la ciudad existen al menos dos centenares de puestos de trabajo que están desempeñados por personas que realizan las tareas propias de un vigilante, pero sin estar capacitadas ni contar con la preparación que se requiere en estos casos.

Según el secretario general del Sindicato Provincial de Vigilantes, Antonio Montesinos, una docena de empresas jerezanas tiene contratadas a auxiliares que, repartidos por diversos campos y sectores, tienen una especie de función polivalente que incluye las labores de seguridad.

«Dentro de la provincia, un tercio del intrusismo se da en Jerez. Se trata de auxiliares que no están sujetos a la Ley de Seguridad Privada pero realizan labores afines y actúan conforme a un vacío legal. Están en conserjerías y porterías, pero también son como vigilantes. En un control de acceso, por ejemplo, si no hay que pedir identificación lo puede hacer cualquiera y por ahí es por donde se están colando».

Este problema perjudica de raíz a los que sí se consideran vigilantes en toda regla, puesto que ven usurpadas sus funciones por otros que no los son, y cuya contratación resulta mucho más barata para el empresario, lo que explica su proliferación en todo tipo de campos como el de las bodegas, los museos o los grandes almacenes. Como argumenta Montesinos, esta figura ha sido creada por las propias empresas de seguridad, que al contratar auxiliares que llevan a cabo trabajos diversos consiguen el abaratamiento de los costes.

A esta circunstancia hay que sumar el hecho de que los afectados se sienten realmente desprotegidos por parte del Ministerio del Interior, al que tachan de «permisivo» y de mirar hacia otro lado para no enfrentarse directamente a la situación que denuncian.

Otra de las dificultades por la que atraviesa el sector es la revalorización al alza de las horas extraordinarias a consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, lo que ha conllevado un coste altísimo para las empresas, que procederán a una congelación salarial de cara al próximo año, con el fin de recortar los gastos. Para ello precisamente se van a crear unas mesas de negociación autonómicas, que según los afectados suponen una nueva amenaza para los profesionales andaluces, puesto que darán lugar a la elaboración de convenios que sólo beneficiarán a las comunidades más ricas como Cataluña o el País Vasco, frente al convenio estatal actual.

Moviendo ficha

Por todo ello, los vigilantes consideran que ha llegado el momento de actuar y desde el sindicato provincial han propuesto una reunión para el próximo mes de septiembre con todas las fuerzas sindicales implicadas. En dicho encuentro, el objetivo primordial será estudiar los pasos a seguir para poner freno a un problema que ha ido en aumento con el tiempo. En este sentido, los trabajadores no descartan emprender movilizaciones o cualquier otro tipo de medida que ejerza la presión suficiente sobre los responsables.

«Nos espera una dura negociación del convenio que expira este año 2008 -apunta el secretario del SPV-, por lo que hemos de estar preparados para coordinar y responder a las necesidades que nos vayan a plantear los trabajadores del sector, y eso sólo se podrá alcanzar desde la unidad sindical». A partir del próximo mes, de esta forma, los vigilantes prometen no quedarse de brazos cruzados y auguran un otoño movido y lleno de reivindicaciones laborales.

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