Sólo uno de cada mil incendiarios acaba ante un tribunal en España

Los incendios forestales son una de las plagas del verano en España y la justicia gana terreno en su persecución, pero no es suficiente. Sólo uno de cada mil incendiarios, el 0,1%, acaba juzgado y las leyes todavía indultan imprudencias como tirar una colilla en pleno mes de agosto. Greenpeace reclama nuevos esfuerzos, más medios y reformas legales para terminar con los espacios de impunidad que persisten.

Cada verano, la organización ecologista analiza la lucha contra el fuego; 2008 no va del todo mal. En los siete primeros meses la superficie quemada, 26.365 hectáreas, es menos de la mitad que la que ardió en las mismas fechas en 2007, considerado un buen año por el Ministerio de Medio Ambiente. Con todo, «todavía es pronto para cantar victoria», recordó ayer Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Con una media de 20.000 fuegos al año de media -casi todos conatos de menos de una hectárea-, España es «el país mediterráneo con mayor número de incendios», según dijo Soto. Se necesitan estrategias preventivas, colaboración ciudadana y sellar las fisuras del sistema jurídico que aún permiten irse de rositas a más del 99% de los incendiarios.

El primer paso se ha dado ya con la creación de las fiscalías especiales de Medio Ambiente. Hay más juicios, son más rápidos y ha aumentado el porcentaje de condenas, pero el castigo aún está lejos de lo que demanda la sociedad, argumentan los ecologistas.

Greenpeace ha analizado 257 sentencias por incendio emitidas entre 1996 y 2006. De ellas, 178 fueron condenatorias. Según sus cálculos, sólo el 5,5% de la superficie calcinada en la última década deparó una condena a sus autores, y sólo se ha juzgado a los responsables del 3,5% de los grandes incendios forestales de estos años, los de más de 500 hectáreas.

En 2007 se registraron once grandes fuegos y sólo se pudo detener e imputar a cuatro personas. Y la dificultad crece, subraya Greenpeace, cuando el incendiario es una persona jurídica. Destacan las condenas a Endesa por el gran incendio de 1998 de Aguilar de Segarra (Barcelona) y al Ministerio de Defensa por el fuego en un campo de tiro leonés ese mismo año.

Las comunidades de Galicia -que registra más de la mitad de los fuegos del país- Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias acumulan la mayor proporción de sentencias condenatorias, mientras que no hubo ninguna en Navarra ni en el País Vasco.

Penas leves

A juicio de la organización ecologista, las penas tampoco están a la altura del daño ambiental y social que causan los incendios, provocados por la acción humana en un 90% de los casos.

El Código Penal fija un máximo de 20 años de cárcel para incendios deliberados y con peligro para la integridad física. En la práctica, la condena más alta impuesta por los jueces a un incendiario es de ocho años de prisión y 385.000 euros de multa a un reincidente que quemó el monte en Málaga en 2001.

Greenpeace reclama un endurecimiento penal incluso para determinados descuidos y negligencias. «No puede ser que a estas alturas se considere mera imprudencia tirar una colilla al bosque en pleno mes de agosto», recalcó Soto.

El informe de la organización ecologista dibuja el perfil básico del incendiario español: varón, a menudo mayor de 60 años, que actúa solo y prende en las proximidades de su casa. Uno de cada cinco tiene antecedentes penales. Greenpeace propone crear un registro de pirómanos que facilite su control en las épocas de máximo riesgo.

La Ley de Montes, que prohíbe recalificar los suelos forestales quemados durante los 30 años siguientes, ha debilitado el fenómeno del incendio 'urbanístico'. Aun así, «parte del litoral español se ha edificado a golpe de cerillazo», aseguran los 'verdes'. Soto mencionó Cádiz, Terra Mítica y serranías alicantinas como ejemplo.