Peligro para la modernización

Han sido necesarios cuatro años de obras y muchos esfuerzos, sobre todo económicos, para acometer la transformación de las 12.000 hectáreas de los regadíos del Guadalcacín con los que los comuneros de la zona han dado respuesta a la petición de ahorro de agua por parte de las Administraciones, así como a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los agricultores.

Sin embargo, el salto a la modernidad que suponen estos faraónicos trabajos que ha costeado la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) del Sur puede peligrar si los regantes y las principales compañías energéticas (Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa), con el beneplácito del Gobierno central, no llegan a un acuerdo sobre el coste que tendrá el riego después de que el pasado 1 de julio desaparecieran las tarifas especiales que siempre se habían aplicado al campo.

El presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, Pablo Ruiz Carmona, así como el ingeniero de este colectivo, Manuel Reina, no quisieron lanzar la voz de alarma, pero sí dejaron muy claro que «con las nuevas tarifas, todo el trabajo que se ha hecho por modernizar el regadío puede ser en balde».

En este punto, los representantes de los regantes explicaron que uno de los incentivos que movieron a transformar la zona regable del Guadalcacín fue el tener unas tarifas reducidas, ya que los nuevos sistemas permiten un mayor ahorro de agua -más del 30% del consumo- y una mayor eficiencia, pero también son regadíos de última generación y alta tecnología que conllevan un mayor consumo energético.

Eso, unido a que ya no hay tarifas especiales, puede suponer a cada agricultor un aumento en su factura de entre el 40% y el 70%.

Sobre este aspecto, las comunidades de regantes han logrado llegar a un acuerdo con Endesa e Iberdrola, que estudiará el caso de cada una y fijará las tarifas que sean convenientes.

Pero el principal y más injusto inconveniente con el que se encuentran los agricultores es el de la potencia para el riego. Y es que las empresas eléctricas «obligan a contratar la máxima potencia, o lo que es lo mismo, establecen como mes de referencia para el cobro julio, que es en el que más se gasta», explica Ruiz Carmona. De esa forma, cuando llega un mes como enero, los regantes tienen que pagar la máxima potencia, «aunque no la estén usando».

Según el representante de los comuneros del Guadalcacín, «la potencia contratada representa nada menos que el 30% del coste total de la factura», por lo que su intención es hacer entender al Gobierno central que «hay que adoptar las medidas legislativas necesarias para que los agricultores regantes paguen sólo por la potencia realmente utilizada».

En este punto, Ruiz Carmona y el ingeniero de la Comunidad explicaron que «es perfectamente posible con los nuevos regadíos que se midan las lecturas reales». Así, subrayaron que «hemos pagado unos medios técnicos que nos permiten saber cuánto se gasta cada cuarto de hora», al tiempo que dejaron claro que los responsables de la Seiasa «entienden nuestra petición y también están trabajando en ello».

Los representantes de los regantes también hicieron hincapié en que «con el sistema reformado los agricultores podrían ahorrar en consumo eléctrico simplemente regando por la noche y los fines de semana, cuando es más barato». Y es que el sistema de telemetría -controlado desde el edificio del PTA- les permite reducir el consumo eléctrico adecuando el caudal y discriminando horarios.

Sin embargo, este salto tecnológico no servirá de nada si al final «el sobrecoste para pagar una potencia que ni siquiera se usa echa por tierra el ahorro que se ha conseguido por otro lado», añadió Reina.

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