La Audiencia investiga la represión china en Tíbet a tres días de los Juegos

La Audiencia Nacional puso en marcha ayer, a sólo tres días del inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, una investigación contra siete miembros del Gobierno chino, altos mandatarios y jefes militares del país por un delito de crímenes contra la humanidad por la represión en Tíbet.

El titular del Juzgado Central número 1, Santiago Pedraz, admitió a trámite una querella presentada por varias organizaciones tibetanas y se declaró competente para exigir responsabilidades penales a «autoridades políticas y militares chinas» por la represión generalizada que se desencadenó en marzo pasado en el Tíbet para contener las multitudinarias protestas que exigían el final de los casi sesenta años de ocupación militar de este pequeño país.

El comienzo de las investigaciones en España coincidió con la llegada de la llama olímpica a Chengdu, último destino antes de Pekín, donde el viernes se encenderá el pebetero del estadio, tras haber recorrido buena parte del mundo en los últimos cuatro meses. Los más de 100.000 kilómetros de periplo de la antorcha olímpica se han visto salpicados por protestas ciudadanas e intentos de sabotaje en importantes ciudades (París, Londres o Los Ángeles), fruto del rechazo internacional a la represión en el Tíbet.

Ministros y militares

La querella criminal se dirige contra el ministro de Defensa, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el secretario general del Partido Comunista en el Tíbet, Zhang Qingli; el miembro del Politburó (máximo órgano de dirección comunista) Wang Lequan, y el líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu. Las graves imputaciones también afectan al comandante en jefe del ejército chino en la capital del Tíbet (Lhasa), el general Tong Guishan, y al comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.

Los siete mandatarios fueron denunciados hace unos días en la Audiencia Nacional por el Comité de Apoyo al Tíbet, entre otras organizaciones, acusados de delitos de lesa humanidad por la «matanza sistemática y generalizada de tibetanos, lesiones graves, torturas, y desapariciones forzadas» cometidas desde el 10 de marzo. Los denunciantes aseguran que pueden demostrar que por orden de los responsables chinos citados murieron 203 tibetanos, resultaron heridos de gravedad más de un millar y otros 5.972 fueron detenidos de manera ilegal o están desaparecidos.

El juez instructor, en un auto de tres folios, explica que admite a trámite la querella porque, de ser ciertos los hechos denunciados, se estaría ante un crimen de lesa humanidad, dada la «intencionalidad» de los ataques, y «la población tibetana se constituiría como un grupo o colectivo perseguido por las autoridades citadas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional».

Pedraz notificará la querella a los mandatarios chinos en cuanto compruebe que todas sus filiaciones están correctas y ordenará las primeras diligencias de investigación. El 4 de septiembre tomará declaración como testigos a dos colaboradores del Dalai Lama en el Gobierno tibetano en el exilio: el jefe del Departamento de Seguridad y el director del Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia. Seis días después, interrogará, también como testigo, al autor del último informe de Amnistía Internacional sobre la represión en el Tíbet.

Segunda querella

Las matanzas investigadas fueron la respuesta de las autoridades a la ola de protestas y revueltas puestas en marcha en Lhasa en principio por millares de monjes, a los que se unieron centenares de habitantes del territorio ocupado en 1951. Las noticias sobre la violenta represión en las calles y monasterios fueron escasas y fragmentarias porque las autoridades chinas cerraron el país a los extranjeros y se impidió el trabajo de la prensa internacional. Las manifestaciones conmemoraban los casi cincuenta años de la rebelión con la que el Tíbet quiso expulsar sin éxito en 1959 al Ejército chino y que obligó entonces al Dalai Lama a exiliarse e instalarse con su Gobierno en la ciudad de Dharamsala, en la vecina India.

De hecho, la causa penal abierta ayer es la segunda en la que la Audiencia Nacional investiga posibles crímenes contra la humanidad o genocidio de las autoridades chinas contra el pueblo tibetano.

La primera querella, presentada por las mismas organizaciones, recaló en 2006 en el Juzgado Central 2 y su titular, Ismael Moreno, indaga si el ex presidente de China Jiang Zemin, dos de sus ministros, y varios responsables del partido comunista y de la policía en el Tíbet cometieron los delitos con la dura represión que siguió a las protestas populares en este territorio durante las décadas de los ochenta y noventa.