Código disuasorio
Las primeras estadísticas difundidas sobre la incidencia de la reforma del Código Penal aprobada el pasado mes de diciembre acreditan el endurecimiento de la respuesta judicial contra aquellos comportamientos al volante que entrañan un alto riesgo para la seguridad vial. Aunque la mayor parte del centenar de automovilistas que han ingresado en prisión para cumplir penas por conducción imprudente o temeraria han sido encarcelados por contar con el agravante de una condena previa por otro motivo, la confirmación de que más de 26.000 personas han sido sentenciadas por infracciones de Tráfico, con un notable impulso de los juicios rápidos, refleja no sólo una menor permisividad legal hacia unas conductas potencialmente muy destructivas, sino también el efecto disuasorio de las medidas aplicadas.
Actualizado: GuardarPese a que la ausencia de referencias comparativas y la generalización de los datos ofrecidos no permiten establecer aún conclusiones incontestables sobre la incidencia de la reforma penal en la prevención de accidentes, es palpable que las modificaciones legislativas están facilitando el proceso judicial incoado tras un accidente, al acotar el hecho delictivo y fijar con mayor precisión las penas atribuibles. Como lo es que el esperanzador recorte que viene registrando la mortalidad en carretera tiene también su origen en la progresiva sensibilización de una sociedad más dispuesta a aceptar la persecución rigurosa de quienes circulan bajo los efectos del alcohol u otras drogas, sin el correspondiente permiso o sobrepasando holgadamente los límites de velocidad. El reducido impacto de estas últimas infracciones sobre el volumen total de condenas puede responder a una restricciones aún holgadas, pero es preciso aclarar si son achacables a la falta de medios de vigilancia y control que, en ese caso, exigen de un pronto refuerzo.
