ASTURIANA. El centro de Central Lechera se encuentra en la carretera Madrid-Cádiz. / TAMARA SÁNCHEZ
Jerez

Central Lechera Asturiana presenta un ERE que afectará a su centro en Jerez

El Expediente de regulación de Empleo recaerá sobre unas 160 personas en Andalucía, de las que alrededor de una decena pertenecen a la ciudad

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Central Lechera Asturiana presentará hoy un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a unas 165 personas en toda la comunidad andaluza, según confirmaron fuentes de la citada compañía.

De dicha plantilla global, alrededor de una docena pertenecen al centro que la firma tiene situada en la carretera Madrid-Cádiz, en Jerez.

De este modo, la compañía se sentará la próxima semana con los sindicatos y trabajadores en Sevilla para negociar los mecanismos y condiciones de desarrollo del expediente, como bajas incentivadas o prejubilaciones, que estará en funcionamiento hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, fuentes sindicales, que se mostraron contrarias al Expediente de Regulación de Empleo, indicaron que el expediente afectará a unas 200 personas, de las que la mayoría se encuentran en Andalucía y, más concretamente, en Sevilla, donde se encuentra una planta de yogures y postres.

En esta planta, la compañía prevé abandonar la producción a mediados del mes de agosto y seguir con la logística hasta diciembre del presente año, cuando cerraría completamente las instalaciones.

De este modo, de los alrededor de 160 empleados, la mitad corresponde a la planta sevillana; seguida de Málaga, con más de una veintena de trabajadores. También se verán afectados los centros de la compañía en Jerez, Jaén, Huelva y Córdoba.

En cuanto al centro que se encuentra situado en la ciudad, es casi seguro que la misma cerrará sus puertas, teniendo en cuenta que alberga a alrededor de unos escasos doce empleados.

Según apuntaron las mismas fuentes sindicales, junto con el Expediente de Regulación de Empleo, se presentará la comunicación de inicio de periodo de consulta, lo que supone el establecimiento de un total de 30 días para llegar a un acuerdo con respecto al futuro de los empleados con el objetivo de «ejercer presión» sobre éstos.

En la misma línea, insistieron en que, por el momento, el ofrecimiento de la empresa a los trabajadores «se reduce a lo estipulado por ley», lo que supone 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades.