El retorno de inmigrantes
Lo que nEl pasado 18 de junio el Parlamento europeo aprobó la directiva relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su territorio. Esta norma, bautizada por algunos movimientos sociales como 'la directiva de la vergüenza', supone un claro retroceso en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. La política de retorno de la Unión Europea parece centrarse así en el control y criminalización de las personas en 'situación irregular', y se olvida de garantizar «el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado» (Art. 13.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Actualizado: GuardarAsí, la normativa aprobada establece un periodo máximo de cuatro semanas para la salida voluntaria de la persona detenida en situación de 'irregularidad'. Si ésta decide no salir del país podrá ser internada hasta un máximo de 18 meses en un centro de internamiento temporal. La orden de internamiento será dictada por autoridades judiciales, pero crea el precedente de que también podrán ser expeditadas por autoridades administrativas en casos de urgencia. La sanción es excesiva y más teniendo en cuanta que no ha habido declaración de culpabilidad por ningún tribunal por la comisión de un delito.
Además, en los casos en que el Estado miembro no pueda proporcionar una estancia en un centro de internamiento especializado tendrá que recurrir a un centro penitenciario, con lo que ello supone. Esta medida también afecta a los menores que serán sujetos de internamiento aunque se garantiza que nunca en centros penitenciarios comunes.
Por otro lado, una vez que se expiden las órdenes de expulsión las personas no podrán reingresar a la Unión Europea en cinco años, lo que puede tener consecuencias graves si la persona tiene familia o lazos en el país, vuelve a un entorno inestable o incluso decida acudir a los traficantes promocionando así paradójicamente mayor migración 'irregular'.
Cáritas Bizkaia manifiesta su preocupación por lo que va a suponer esta directiva de la Unión Europea para la vida de miles de personas. Nuestro trabajo parte del reconocimiento de los derechos inherentes a toda persona, ya sea autóctona o de otros países. Creemos en el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar, siempre desde el respeto y la dignidad de la persona. No apoyamos una política que se basa en el internamiento 'ilegal' y en la expulsión forzosa y casi sin retorno. Desde Cáritas abogamos por procesos de integración, por retornos voluntarios y apoyados, ya que en ocasiones las personas migrantes quieren retornar a sus países pero no tienen medios ni recursos y, sobre todo, por el respeto a la libertad y los derechos de todas las personas, sin excepción.
