El Gobierno anticipará la percepción del desempleo a los inmigrantes que opten por el retorno a su país

El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al «plan de ayuda al retorno voluntario» de los inmigrantes, que permitirá a aquellos que hayan perdido su colocación y tengan derecho a desempleo a cobrar la prestación de forma anticipada, según informó ayer la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, tras la habitual reunión del Gabinete. Los últimos datos disponibles del Servicio Público de Empleo (SPE), antiguo INEM, reflejan que hay 168.748 extranjeros inscritos en el registro de parados, cuya nómina cuesta 145,51 millones de euros al mes. El número de beneficiarios ha crecido en un año un 85,4%, mientras que el gasto prácticamente se ha duplicado (ha subido un 97%), y representa el 9,5% del volumen total de la prestación.

El proyecto aprobado está diseñado por el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, entrará en vigor en septiembre, vía real decreto, y permitirá a los extranjeros que lo deseen cobrar la cobertura en dos veces, en lugar de mes a mes como ocurre en la actualidad. El mecanismo de agrupar los pagos se conoce como el fenómeno de la «capitalización». La primera parte, el 40%, la recibirán cuando se les reconozca el derecho, y, la segunda, el 60% restante, cuando vuelvan a su país de origen. Entre ambos reembolsos tendrán que transcurrir, al menos, 30 días.

Afectados

En cifras absolutos, los inmigrantes en paro son 168.748, el 10,26% del total, pero de este colectivo sólo unos 100.000 podrán acogerse al retorno voluntario. El programa no afecta a los 44.150 parados nacidos en Estados de la Unión Europea y, de los 124.598 extracomunitarios, la opción sólo será para aquellos que pertenezcan a alguno de los 19 países con los que España ha firmado el convenio correspondiente.

De la Vega informó de que Marruecos, Ecuador y Colombia se sitúan como los países que contabilizarán el mayor número de regresos. Los trabajadores que se acojan al plan renunciarán a las ventajas consolidadas y deberán esperar tres años antes de volver a solicitar autorización para vivir y trabajar de nuevo en España. Pasados cinco años «tendrán derecho preferente para regresar y formar parte del contingente de empleo», según precisó la vicepresidenta del Gobierno, quien resaltó que se trata de una iniciativa «justa y voluntaria» de carácter permanente, que complementará el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Corbacho señaló, en su día, que los interesados dispondrán de unos 8.500 euros para iniciar una nueva vida, cálculo que, a juicio de CC. OO., es demasiado alto. La secretaria de Empleo del sindicato, Dolores Liceras, explicó ayer que más del 50% de los parados extranjeros ha generado menos de seis meses de desempleo, lo que reduce la cantidad a percibir a 4.530 euros.

CC. OO., al igual que UGT, no se opone al plan, pero apunta que la actuación del Gobierno debería dirigirse a controlar la entrada de trabajadores ilegales con una mejor regulación de los flujos migratorios. «Hay que impedir que lleguen extranjeros sin papeles», dijo Liceras. «Carece de sentido que se adopten medidas para los inmigrantes que están más arraigados en España y que más se han esforzado por integrarse», añadió. «No tiene sentido que se vayan los que más han peleado por sus derechos», insistió.