La crisis del ladrillo deja en suspensión de pagos a 16 empresas en un año

El desplome de Martinsa-Fadesa ha hecho sonar todas las alarmas en el sector inmobiliario. La CNMV suspendió el lunes la cotización de la compañía que preside Fernando Martín y horas después la noticia corría como la pólvora y hacía temblar a grandes y pequeños. El derrumbe del grupo madrileño no es más que una estampa del estallido de la burbuja que salpica a medio país. Precisamente la coyuntura gaditana no presenta datos más optimistas.

El Juzgado de lo Mercantil de Cádiz ha tramitado hasta 16 suspensiones de pago de empresas constructoras en un año, según datos del Registro Público de Resoluciones Concursales. Aún así, éste número podría ser superior si contamos las compañías que han terminado el proceso han dado cerrojazo a sus negocios, desapareciendo del registro.

Si en 2007 aún se podía hablar de desaceleración, 2008 es, sin duda, el año de la crisis y para muestra un botón: un total de 11 empresas del sector, entre inmobiliarias, industria auxiliar y sobre todo constructoras iniciaron un proceso consursal sólo en el primer semestre. La mayoría tenían sede en Jerez, Chiclana y El Puerto y la cosa va a peor.

Sin nuevos contratos

Por el momento el repunte de casos abiertos en el Juzgado no ha venido acompañado de un aumento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), tal como indica el secretario general de la Federación provincial de Empresarios de la Construcción, Emilio Corbacho. El número de obras paralizadas tampoco ha variado demasiado, en total son unas 30 en toda la provincia, pero «lo peocupante no es echarle el candado a una promoción, sino que una vez se terminan no hay otra que la sustituya», insiste Corbacho.

Las grandes constructoras consiguen mantenerse gracias a los contratos de obra pública, pero en la provincia «no se han llegado a acuerdos de calado», recalca. El empresario tampoco considera que el futuro Pacto por la Vivienda venga a compensar la caída de promociones de renta libre.

En este sentido, el portavoz de la patronal exige a la Junta que garantice la financiación para construir los pisos de protección oficial y qué va a pasar con el excedente de viviendas que alcanza la friolera de 2.000 en toda Andalucía. Además de la financiación hay que hacer frente al problema del suelo.

Por lo pronto, la Diputación sólo ha conseguido el 60% de la superficie total que buscaba entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, los que más problemas presentan a la hora de liberar suelo, para construir 7.500 VPO. Este terreno sólo da para levantar 2.000 pisos, por lo que habrá que esperar que el resto de municipios adapte sus planes urbanísticos, un contratiempo más para el sector que aguanta a duras penas y confía en la oferta pública.

Las previsiones que maneja la patronal indican que para el segundo semestre de 2009 se comenzará a ver la luz al final del tunel. Las de los sindicatos no son más halagüeñas. El secretario de la construcción de UGT, Braulio Martínez, insiste en que no será hasta finales de 2010 cuando la situación se normalice, para entonces «quién sabe lo que se habrá llevado por delante esta coyuntura», se lamenta.

De los 500.000 trabajadores de la construcción que hay en Andalucía, cerca de los 80.000 tenían empleo en la provincia en 2007, según los datos de UGT. «La detrucción de puestos de trabajo ha alcanzado a un 30% de ellos y subiendo», señala Martínez. Muchos son jóvenes que vieron en el andamio la posibilidad de ganar dinero de forma rápida cuando los periódicos abrían noticias con la falta de obreros en algunas comarcas. Otros han pasado toda la vida levantando tabiques y no se ven capaces de iniciarse en una nueva profesión.

«Un plan de choque a través de cursos de formación y títulos nos parece insuficiente, la Administración debería de garantizar un puesto de trabajo que completara el reciclaje de estas personas», insiste el secretario provincial de UGT. Con todo, Martínez no cree que el tejido empresarial de la provincia sea suficiente para absorber a todos los parados del sector. «La industria aeronáutica y la naval gozan de buena salud, pero apenas están despegando, no podemos saturarla con un exceso de mano de obra», admite.

emartos@lavozdigital.es



La Federación de Construcctores andaluza, Fadeco, se reunió ayer con el consejero del ramo, Juan Espadas, para acordar la aplicación del Pacto por la Vivienda. La patronal pretende llegar a un acuerdo para que el excedente de viviendas de renta libre pueda sumarse a la plafinicación de VPO que tiene prevista la Junta. En este sentido, el secretario general de Cádiz y Andalucía de Fadeco, Emilio Corbacho, precisó que hay alrededor de 2.000 pisos sin comprador en toda la comunidad, que podrían adaptarse a la normativa de vivienda protegida. Para ello «se tendrían que pactar las condiciones que pudieran afrontar los empresarios», matizó.