DEFENSA. Evaristo Babé y Ricardo Rebuelta (dcha.), representantes del Consejo Regulador. / L. V.
Jerez

La discriminación filipina

El brandy de Jerez tiene todavía un hueso duro de roer en aspectos tributarios en su principal mercado exterior, en el que paga un 1000% más que otras bebidas

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El pasado 1 de julio comenzó una nueva etapa para el brandy de Jerez en México, uno de sus principales mercados internacionales, ya que llegó a su fin el periodo de ocho años pactado entre la UE y las autoridades de este país para que fueran desapareciendo paulatinamente unos aranceles de entrada que tenía que pagar este producto pero que, sin embargo, no gravaban a otras bebidas espirituosas como el whisky o el coñac.

«Decían que el brandy de Jerez era un producto que afectaba a su producción nacional, y por eso mantuvieron esos impuestos hasta ahora», recuerda el secretario general del Consejo Regulador, Ricardo Rebuelta.

Ahora, sin esa tasa, esta bebida espirituosa tiene la oportunidad de reforzar su presencia en un país en el que el año pasado ya vendió un 51% más hasta alcanzar los dos millones y medio de botellas y en el que las marcas tienen mucho potencial.

Superado el bache mexicano, en el horizonte comercial del brandy de Jerez sólo queda un escollo por salvar, aunque éste es de los que se considera «un hueso duro de roer», como califica el mismo Rebuelta la disputa que las bodegas y el Consejo Regulador tienen por temas tributarios con Filipinas, el primer mercado exterior de esta bebida.

«Hay otros escollos en algunos mercados, pero en ellos vendemos pocos y no son de gravedad», explica el secretario general del Consejo Regulador poco antes de explicar que lo que le ocurre al brandy en el país filipino es «una discriminación en toda regla».

No es de extrañar que Rebuelta haga esta apreciación, sobre todo si se tiene en cuenta que los impuestos con los que Filipinas grava al brandy -y a otras bebidas- provocan que por este espirituoso se pague hasta un 1.000% más que por otros productos en ese mercado asiático.

En este caso, los tributos que las bodegas del Marco de Jerez tienen que abonar no son aranceles de entrada, sino impuestos internos según el porcentaje de grado de alcohol, similares al impuesto especial que se paga en España. «El problema surge porque las bebidas elaboradas a partir de destilado de vino o de materias primas no autóctonas pagan mucho más que los que se elaboran con productos del país como el coco, la caña de azúcar o la palma», destaca Rebuelta.

Hay diferentes franjas de impuestos, según el precio al que se venda al público la bebida, pero ya en el primer escalón se adivina la gran discriminación que las autoridades filipinas provocan al brandy de Jerez. «Marcas como Fundador -el que más vende allí- o Alfonso I están en ese primer nivel y pagan 136 pesos por botella de impuestos, mientras que las bebidas con productos autóctonos sólo abonan 12,58», remacha el representante del Consejo.

Los efectos que esta medida tiene sobre la comercialización del brandy de Jerez son gravísimos, porque las bodegas se ven obligadas a subir el precio de cara al consumidor para que sea rentable el negocio. El perjuicio lo demuestra el dato de que cuando en 2005 comenzó a aplicarse este sistema de tributos las ventas en Filipinas cayeron a la mitad.

Pese a todo, este país es desde hace una década el principal mercado extranjero para esta bebida espirituosa, y el año pasado las ventas crecieron un 28% respecto a 2006 y roza ya los diez millones de botellas.

Y para que su ascenso no se vea frenado por medidas que «atentan claramente contra los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la que pertenece el país asiático», el Consejo Regulado y la patronal Fedejerez mantienen abiertas tres vías dentro de su ofensiva.

Una es la diplomática, ya prácticamente agotada porque «los senadores y congresistas filipinas reconocen el desacuerdo, pero piden miles de informes que hacen que no se avance», explica Rebuelta. Por eso, el camino más probable para el sector es el de radicalizar su lucha y plantear una queja ante la OMC, un paso que tendría que dar la UE como afectada, aunque existe la posibilidad de que las empresas presenten una denuncia para que luego Bruselas la traslade.

Según Rebuelta, «en 2008 se van a dar los pasos definitivos para utilizar la vía de la OMC. Aunque se trata de un proceso largo y costoso, tenemos apoyo de los productores de espirituosos de la UE».

ppacheco@lavozdigital.es