Los propietarios de casas ilegales exigirán a Urbanismo que rebaje el coste del proceso de regularización

El anuncio realizado ayer por el delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón, de que las ordenanzas municipales y el Plan Director de Infraestructuras que regirán el proceso de legalización de las viviendas ilegales de Chiclana no se aprobarán hasta, al menos, el mes de septiembre, ha sido acogido con satisfacción por los propietarios. En concreto, éstos destacan que «el Gobierno local ha sido coherente con lo que nos prometió en su día, y ha decidido echar el freno a un proceso que suponía con los costes por metro cuadrado planteado la ruina para muchas familias de Chiclana».

Son palabras de uno de los dirigentes vecinales más activos de las zonas del diseminado donde se ubican la mayor parte de edificaciones irregulares, Salvador Almagro. Su Federación de Asociaciones de Vecinos, Pagumo, es una de las más beligerantes «para acabar con esta barbaridad de pretender que paguemos hasta 50.000 euros por regularizar y tener servicios en parcelas de apenas 500 metros cuadrados».

Almagro asegura que la voz de las cinco federaciones de vecinos de la localidad es una sola. «En esto estamos todos juntos, y el alcalde lo sabe», reitera. A partir de ahora, y con el proceso paralizado al menos durante todo el verano, los propietarios confían en que «la Gerencia de Urbanismo nos ofrezca una solución, alternativas y sobre todo una reducción del elevado coste por metro cuadrado que proponían».

Ellos exigirán al Ayuntamiento que «cumpla sus promesas electorales», como recordaban desde la Federación Ciudad de Chiclana, «ya que los partidos que hoy gobiernan prometieron hasta el gratis total para las casas ilegales». Así las cosas, la solución a esta disparidad de criterios no parece sencilla. El proceso de regularización afecta a más de 45.000 vecinos y 15.000 inmuebles, y salpica más de 18 millones de metros cuadrados de suelo con un importe estimado de 600 millones de euros.

Según Urbanismo el proceso para dar servicios y dotar de legalidad a estas casas «saldrá adelante en los próximos meses, esperemos que con el mayor consenso posible». Los vecinos lo tienen claro: «Esperamos que Butrón nos llame y se siente a negociar; ellos quieren superurbanizaciones y nosotros queremos ser legales, pero no a estos precios desorbitados».