Garzón investiga pagos de otros tres empresarios vascos a ETA

La Guardia Civil, por orden del juez Baltasar Garzón, investiga a otros tres empresarios vascos por pagos a ETA realizados a finales de 2007 y primeros meses de 2008. Según mandos de la lucha antiterrorista, sus nombres aparecieron en la documentación en soporte papel intervenida el pasado mayo al supuesto jefe del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry. En esos mismos papeles estaban las identidades de los cuatro empresarios detenidos durante el último mes.

Las cartas de reclamación del denominado impuesto revolucionario a esos siete empresarios son, por el momento, la única documentación «útil» que las Fuerzas de Seguridad han recibido desde Francia.

Los expertos franceses no han logrado descifrar las claves para acceder a los ordenadores de Thierry, donde podrían estar buena parte de las cuentas de Gezi, el aparato de extorsión de ETA.

López Peña blindó esa información con un sistema de bloqueo automático cuando los ordenadores permanecían inactivos, lo que provoca que los archivos se cierren de inmediato sin posibilidad de hacer copias. A la espera de los datos informáticos, la Guardia Civil trabaja con las fotocopias de las cartas que Thierry estaba a punto de enviar cuando fue capturado.

La primera de esas misivas -amistosa, según el juez Garzón- es la que llevó al pasado 12 de junio a la cárcel a las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Aspiroz, de financiar de manera voluntaria a la banda.

Otras cinco cartas son «recordatorios coactivos» a «empresarios-víctimas», según fuentes de la investigación. La misiva para el consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, detenido el martes, le exige satisfacer una «deuda» (en terminología etarra) de 90.000 euros. La Guardia Civil investiga si había pagado ya otros 90.000 euros en fechas muy recientes. Por su parte, Jesús Guibert, arrestado el miércoles, iba a ser coaccionado de nuevo en breve para que pagara 40.000 euros después de haber entregado otros los 50.000 euros. Los dos actuaron bajo coacción, pese a lo cual, el juez Garzón les citará como imputados, aunque será un mero «formalismo judicial».

La «falta de discreción» en los arrestos de Jainaga y Guibert ha molestado a responsables de la lucha antiterrorista, que piden «mayor tacto» con el resto de empresarios cuyos nombres han aparecido en la investigación.