Prisión incondicional sin fianza para el ex concejal de Palma acusado de abusos a menores

El juez del Juzgado de Instrucción Número 8 de Palma, Antoni Rotger, ha decretado el ingreso en prisión provisional del ex edil de Urbanismo y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, por un supuesto delito de abusos a menores perpetrados hace dos o tres años.

De Santos, que fue detenido ayer y ha llegado esposado y con aspecto abatido a los juzgados de Palma, ha prestado declaración ante el juez y ha negado todos los delitos que se le imputan, según han informado fuentes próximas a la investigación. La Fiscalía, que había solicitado la prisión para el ex edil de Urbanismo palmesano, ha aplaudido la decisión del juez.

La investigación de este caso se inició hace un mes, cuando la Policía Nacional supo de la existencia de dos hermanos, de 12 y 13 años, que acudían a unos cursillos de cristiandad en una parroquia palmesana donde tenían contacto con De Santos.

Ambos menores declararon haber mantenido contactos sexuales con el ex teniente de alcalde de la ciudad, por lo que De Santos fue detenido ayer, una vez que se interpuso una denuncia particular, frente al edificio de la Fiscalía de Palma, al que había acudido a prestar declaración por otra causa.

Durante la tarde de ayer, De Santos declaró en la Jefatura Provincial de Policía acompañado por su abogado, Bartolomé Vidal, y hoy ha vuelto a hacerlo en los juzgados de Vía Alemania, a donde llegó alrededor de las 09.30 horas acompañado por varios agentes, después de haber pasado la noche en los calabozos.

Las drogas, las culpables

El ex teniente de alcalde fue acusado el pasado mes de abril de presunta malversación de 50.800 euros a cargo de una tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas, con la que supuestamente realizó pagos en clubes de alterne de la capital balear. Por esta causa, De Santos está siendo investigado por la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José.

Cuando el caso salió a la luz, el ex concejal reconoció los hechos que se le imputan y el pasado 14 de marzo devolvió la cantidad sustraída, tras lo cual alegó que su comportamiento se debió a un problema de salud relacionado con su adicción a la cocaína.

Al parecer, los presuntos abusos o relaciones con menores de edad se cometieron durante su etapa como político al frente de Urbanismo en el mandato de la ex alcaldesa, Catalina Cirer (PP), tiempo durante el cual el ex regidor, supuestamente, sufragó sus vicios a costa del erario público.