La UE se blinda ante los 'sin papeles'

La Directiva de Retorno armoniza el tratamiento a ofrecer a los inmigrantes ilegales en la Europa comunitaria. Sus aspectos más controvertidos conciernen a la duración de las detenciones (estándar, 6 meses; excepcional, hasta 18), la repatriación de menores aún escolarizados, la imposibilidad de que un ilegal retorne a Europa antes de que se hayan cumplido cinco años desde su expulsión o las garantías jurídicas a ofrecer a los afectados por la norma.

El debate en la Eurocámara ayer puso de manifiesto las posiciones encontradas de los dos grandes grupos en los que el pleno se ha dividido, a la hora de juzgar la iniciativa. Para la derecha, los liberales y una parte de la izquierda (los socialistas españoles, por ejemplo), el proyecto de Directiva es intrínsicamente beneficioso, incluso para sus destinatarios: la inmigración ilegal. «Llevamos dos años negociando este asunto. No estamos hablando de asilo, sino de personas que se encuentran en una situación ilegal, frecuentemente en condiciones de esclavitud», decía en su intervención el ponente parlamentario Manfred Weber (PPE-Alemania). Respondiendo a las críticas más virulentas que el proyecto de Directiva a cosechado, y que se dirigen sobre todo a los largos periodos de detención contemplados, Weber hacía notar que en algunos Estados miembros no hay plazo límite para el confinamiento de ilegales.

«El retorno voluntario será prioritario y habrá derecho de recurso contra el obligatorio», manifestaba el ponente, después de haber detallado las prevenciones que se adoptan en la norma con respecto a los menores (protección especial, normas mínimas de educación, etc.). Jacques Barrot, vicepresidente de la Comisión y responsable de asuntos de Justicia e Interior tras la salida de Frattini del Ejecutivo comunitario, manifestó por su parte que la norma está basada en la Convención Europea de Derechos Humanos y que va a ser una disposición útil para combatir la explotación de ciudadanos de terceros países en condición administrativa irregular, por parte de los nuevos esclavistas del siglo XXI. En líneas generales, la izquierda del arco parlamentario criticó el hecho de que la nueva Ley tenga un sustrato no garantista, lo que contradice la práctica normativa europea.

El eurodiputado socialista italiano, Claudio Fava, interpretó el drama vivido la semana pasada en aguas italianas por una partida de inmigrantes ilegales, 150 de los cuales fallecieron ahogados en el Mediterráneo. «Con la nueva Directiva, decía Fava, los supervivientes irían 18 meses a un centro de internamiento. Estamos introduciendo un principio jurídico nefasto».

El eurodiputado socialista español, Javier Moreno, estimó por su parte que la Directiva constituye «un paso adelante» en el establecimiento de una política común de inmigración, pero reclamó que se vea complementada con medidas para facilitar la integración de inmigrantes y su acceso legal a la Europa comunitaria.