El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE)., en el momento de su detención. /EFE
continúan los registros a edificios municipales

Una nuevo golpe contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol se salda con 25 detenidos en Estepona

Varios ediles, funcionarios municipales, abogados y empresarios están vinculados con la operación 'Astapa' y podrían ser imputados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y cohecho

MÁLAGA/MADRID Actualizado: Guardar
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Una nueva trama urbanística salpica a la Costa del Sol. La Policía y la Guardia Civil han detenido en Estepona a una veintena de personas y han registrado varias viviendas, así como el Ayuntamiento de la localidad malagueña y otras dependencias municipales como las de Urbanismo y Hacienda. Entre los detenidos, está el alcalde, el socialista Antonio Barrientos, junto a varios concejales, funcionarios del consistorio, abogados y empresarios.

En total, han detenido a 25 personas relacionadas con la trama de corrupción municipal, que se extiende también a las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. Las detenciones han estado seguidas por 38 registros domiciliarios y societarios y numerosas órdenes de prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y de bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros. Entre los arrestados hay ediles socialistas y del PES, Partido de Estepona, que nació de una escisión de miebros del GIL.

Además de Barrientos, está detenido el arquitecto municipal, Arturo Cebrián, a quien ya se había relacionado hace unos meses con un presunto caso de blanqueo de capitales y desde entonces era objeto de una investigación interna ordenada por el alcalde ahora arrestado. También están arrestados el concejal de Economía y Hacienda y portavoz municipal del PSOE, Francisco Zamorano; el jefe del Gabinete de la Alcaldía, José Flores, la edil de Educación, María Victoria López; la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino y el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur.

El regidor socialista ha salido arrestado en su casa, tras el registro de la vivienda, donde los agentes han incautado diversa documentación que analizarán posteriormente. Los registros continúan, sin embargo, en la sede consistorial, a donde han trasladado al alcalde detenido, y en el edificio Puertosol, sede municipal de la concejalía de Hacienda y Urbanismo.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepona ha comenzado a tomar declaración a cinco de los 25 detenidos. Hasta el momento han declarado dos presuntos implicados, con iniciales M.C.H. y J.L.C.A. La jueza tomará la decisición sobre la situación personal de cada uno al final de las comparecencias.

El "patrón" de Malaya

La operación ha comenzado cuando la Fiscalía Anticorrupción ha dictado las órdenes de arresto contra los imputados en la operación 'Astapa'. A los supuestos implicados se les imputarían delitos de tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y cohecho, en relación con un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular del consistorio. Los investigadores han contado con la colaboración de dos pesonas conocedoras de gran parte de la estructura delictiva desarticulada.

La Fiscalía ha explicado que las investigaciones se centran en la recalificación irregular de terrenos, como ya ocurriera en el caso de Marbella, y consideran que de hecho el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de la vecina localidad en la que se desarrolló la operación Malaya por la que están procesadas casi un centenar de personas.

Al parecer, las conexiones podrían ir más allá de la cercanía de ambas localidades y el mismo funcionamiento interno. La Policía vio "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros de Roca.

"Tolerancia cero" con la corrupción

La corrupción urbanística vuelve a planear sobre la Costa del Sol cuando el juicio por la 'operación Malaya' aún no se ha celebrado. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha explicado a 'Informativos Telecinco' que habrá "tolerancia cero" frente a estos delitos. Por esto, el PSOE ya ha iniciado el proceso para expulsar del partido a Barrientos porque los dirigentes que estén implicados deben dejar la política dado que en ella "no funciona la presunción de inocencia".

La Junta de Andalucía se ha apresurado a dejar clara su postura: "Tenemos que mostrar nuestro respeto a las actuaciones judiciales, ofrecer una total colaboración y saludar la tolerancia cero que pone en marcha el PSOE-A ante cualquier caso de presunta corrupción". Sin embargo, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha criticado "la falta de control" de la Junta sobre el urbanismo, que "tiene un peso extraordinario en las finanzas de los ayuntamientos, especialmente los costeros". Para Arenas, una mejor financiación "contribuiría a que hubiera menos irregularidades".

Registro del Ayuntamiento

Miembros de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) permanecen registrando el Ayuntamiento de Estepona, al que han llegado acompañados por el alcalde, para recabar información e investigar la posible implicación en la trama de algunos cargos políticos. La investigación está bajo secreto de sumario.

La operación 'Astapa' es una actuación de la Comisaría General de la Policía Judicial, con sede en Madrid. Varios secretarios de los juzgados de la vecina ciudad de Marbella han sido movilizados para participar en los registros dentro de esta operación.

El Ayuntamiento de Estepona está compuesto por 11 concejales del PSOE, 5 del PP, 5 del Partido de Estepona (PES) -integrado por ex miembros del GIL-, dos del PA, uno de IU y uno de Estepona 2007 -una ex alcaldesa del PP-. El Gobierno municipal está integrado por los once concejales del PSOE, los dos del PA, el de IU y el de Estepona 2007.