El Gobierno inyectará 7.800 millones el próximo año para reactivar la economía

El Gobierno dio ayer por zanjado el plan de estímulos económicos aprobado el pasado 18 de abril, pendiente sólo de que se vayan cumpliendo los distintos plazos previstos para su ejecución. A esos efectos, el Consejo de Ministros dio luz verde a un anteproyecto de ley que desarrolla dos de las medidas ya anunciadas, al tiempo que introduce otros cambios en la normativa fiscal española para adaptarla a la comunitaria y que, precisamente fueron lo único novedoso, al suponer en la práctica un ahorro tributario en las reestructuraciones empresariales y un aumento de la cuantía de los productos de pequeño consumo que pueden introducirse en España libres de cargas.

Con este panorama, los dos vicepresidentes, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, destacaron que el Estado inyectará otros 7.800 millones de euros en la economía durante 2009, que seguirán a los 10.000 millones previstos para este año.

Solbes ya adelantó hace casi dos meses que el gravamen de patrimonio desaparecía con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, lo que en la práctica significa que la declaración a presentar este año (correspondientes a 2007) será la última que se deba entregar. Hacienda calcula que se beneficiarán de ellos 1,3 millones de contribuyentes, de los cuales al menos 300.000 serán extranjeros, y que sus arcas dejarán de ingresar 1.800 millones de euros por su eliminación. No obstante, la ley que regula el impuesto permanecerá vigente -se aplicará una bonificación del 100% para que nadie tenga que pagarlo- porque a su regulación se remiten otras cargas fiscales para calcular ciertas valoraciones y exenciones.

Aunque algunos partidos han criticado la perdida de estos ingresos fiscales en pleno frenazo económico, desde el Gobierno se restó importancia a este hecho porque, aunque en teoría gravaba las rentas medias y altas (debían declararlo quienes tuvieran bienes valorados en más de 103.000 euros, si bien quedaban liberados la primera vivienda -hasta 150.000 euros- y los patrimonios afectos a actividades profesionales y empresariales), en la práctica «han terminado pagándolo, sobre todo» las primeras, pues las segundas disfrutaban de importantes exenciones. Asimismo, confía en que con el fin del gravamen desaparezca el «efecto disuasorio» que tenía sobre aquellos extranjeros que pretendían adquirir una segunda vivienda en España y, en última instancia, se anime algo el alicaído sector inmobiliario y, en general, el consumo.

La otra medida que deberá impulsar la economía en 2009 es la generalización de la devolución mensual del impuesto sobre el valor añadido de los productos, más conocido como IVA. Hasta ahora podían acogerse a ese adelanto las compañías exportadoras y buena parte de las que se dedican a la alimentación y el negocio inmobiliario debido a que son las que más sufren esa carga tributaria. Desde el próximo 1 de enero habrá libertad para que lo hagan todas, si bien en Hacienda creen que sólo les convendrá aquellas cuyo saldo en esas operaciones sea favorable al propio contribuyente (unos 1,2 millones).

Efectos inciertos

Otra de las actuaciones previstas era la agilización de la licitación de obra pública, lo que se viene cumpliendo ya que se ha acelerado de forma «notable», al aumentar un 64% en el primer cuatrimestre (hasta un total de 6.823 millones de euros) respecto al mismo período de 2007. Por el contrario, sólo 350 familias se han acogido hasta ahora a la ampliación gratuita del plazo de su hipoteca, una de las medidas que en principio atrajo más la atención del público pero que, tras comprobar que como contrapartida se multiplicaban los intereses que deben pagar (frente a un ahorro anual de unos 1.000 euros en las letras el sobrecoste final puede alcanzar hasta el 57% del importe inicial del crédito contratado para el pago de la vivienda), ha hecho que muchas rehuyan de ella.