El Supremo de EEUU reconoce el derecho de los presos de Guantánamo a reclamar su libertad ante los tribunales

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido por cinco votos a favor y cuatro en contra el derecho de los detenidos en la base de Guantánamo a acudir a las cortes federales para reclamar su puesta en libertad. La decisión supone la anulación de la ley de Bush aprobada en 2006 por el Congreso que retiraba el derecho al habeas corpus a los sospechosos de terrorismo y, por tanto, su derecho a revisar judicialmente su detención. El presidente estadounidense ha asegurado que aunque no está de acuerdo con la decisión, la respetará.

Así lo ha anunciado desde Italia, penúltima parada de su gira europea de despedida. "Estoy de acuerdo con los jueces disidentes de la opinión mayoritaria", que han manifestado que "la nación lamentará lo que ha hecho hoy", ha explicado Bush.

Visiblemente molesto, el presidente estadounidense ha afirmado que "acataremos la decisión del Tribunal, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con ella", al mismo tiempo que ha recordado que la sentencia ha sido emitida por "un tribunal muy dividido, y estoy muy de acuerdo con los que disintieron".

Esa disensión de los jueces, ha apuntado, "se basó en sus graves preocupaciones sobre la seguridad nacional de EEUU". Por ello, su Gobierno estudiará la sentencia para determinar si introduce una nueva legislación "que pueda ser adecuada para que podamos decirle de verdad a los ciudadanos estadounidense que hacemos lo que podemos para protegerles".

Se trata de la tercera vez que el Supremo censura la actuación del Gobierno respecto a Guantánamo, donde permanecen unos 270 prisioneros, de los 800 que llegaron a pasar por la prisión abierta en esa base naval a comienzos de 2002. Dictámenes anteriores obligaron al Gobierno a establecer un sistema de revisión de la situación de los detenidos, caso por caso.

Las juntas militares, en duda

El Tribunal Supremo ha determinado que esas juntas militares no constituyen un mecanismo justo para evitar el encarcelamiento de inocentes. En esas juntas, denominadas formalmente "tribunales de revisión del estatus de los combatientes", los detenidos no tienen derecho a un abogado, no pueden refutar información secreta y se admiten como pruebas confesiones obtenidas bajo tortura.

El dictamen de la máxima corte del país permitirá a los detenidos escapar el sistema de justicia alternativo establecido por el Gobierno en Guantánamo y acudir a los tribunales federales, donde un juez evaluará las razones para su encarcelamiento.

Esa posibilidad también estará abierta para los sospechosos de los atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono, que, a punto de cumplirse siete años del 11-S, comparecieron la semana pasada por primera vez ante uno de los tribunales especiales anti-terroristas creados en Guantánamo.