OPTIMISTA. Zapatero no ve la situación tan mala como la oposición. / ARCHIVO
ESPAÑA

El Gobierno se resiste a hablar de crisis pese al clamor de la oposición

Zapatero anuncia que el diálogo social arrancará el próximo día 18 Rajoy acusa al presidente de no hacer nada y generar desconfianza

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Los datos macroeconómicos mantienen semana a semana el mismo tono negativo con que comenzaron el año -el último, el de la inflación, se elevó al 4,6% en tasa interanual durante junio-, pero el Gobierno se resiste todavía a hablar de «crisis» económica pese a que en la oposición parlamentaria ya existe todo un clamor al respecto. Así quedó patente ayer en las dos sedes parlamentarias, tanto el Congreso como el Senado, en las que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el vicepresidente económico, Pedro Solbes, respondieron a preguntas de la oposición que no hay nada «crítico» y, como mucho, «dificultades objetivas que son conocidas por todos los españoles» y que han cobrado mayor fuerza porque, según recordaron ambos dirigentes, «venimos de un ciclo de alto crecimiento económico y de elevada creación de empleo».

El primer cruce dialéctico entre Gobierno y oposición sobre la problemática coyuntura actual fue por la mañana en el Senado. Allí, el presidente dijo que no iba a entrar en «debates conceptuales» y optó por recordar una vez más las once medidas de estímulo económico que fueron aprobadas en Consejo de Ministros el pasado 25 de abril -la más directa para los ciudadanos es la devolución de 400 euros vía IRPF- y que, según apuntó, en su mayoría empezarán a tener efectos prácticos este mes de junio. Según sus cuentas, supondrán la inyección de 10.000 millones de euros en la economía -lo que debería mejorar entre dos y tres décimas el avance del producto interior bruto (PIB), tanto en 2008 como en 2009-, si bien también se 'comerán' la mayoría del superávit presupuestario previsto para este año. Zapatero incluso volvió a sugerir que, en caso necesario, se implementarían nuevas medidas, pero de nuevo evitó entrar en detalles sobre las mismas.

Estas explicaciones no convencieron ni a PP ni a CiU, tanto que el portavoz de los populares en el Senado, Pío García Escudero, recordó a Rodríguez Zapatero que la definición lingüística de «crisis» habla de «situación dificultosa o difícil» que, destacó, «es lo que están viviendo millones de españoles que no se chupan el dedo». A su juicio, resulta «pueril» que el gabinete socialista mantenga la idea de que «lo que no se nombra no existe», sobre todo porque «negar la realidad sólo hará que ésta nos desborde».

Reproches de Rajoy

En un tono parecido, pero ya por la tarde en el Pleno del Congreso, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, acusó al presidente de «no hacer nada» y generar con ello «mucha desconfianza», por lo que le instó a «no esconder la cabeza debajo del ala como el avestruz, decir la verdad, tomar medidas y plantear el futuro». No obstante, se mostró «seguro» de que España saldrá de esta situación económica pero, apuntó, «el problema es cuándo y con qué coste». Rajoy, que centró parte de su discurso en el paro en el sector del transporte, pidió a Zapatero que «escuche, negocie y resuelva» la cuestión. Como respuesta a esta invitación Zapatero desveló que el próximo día 18 se reunirá con los agentes sociales. Al encuentro acudirán los máximos responsables de las principales patronales CEOE y CEPYME, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, y de las centrales mayoritarias CC.OO. y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, y con el mismo se iniciará de manera oficial el diálogo social dela legislatura.

Por su parte, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, descalificó las declaraciones que sólo responden a un «enfoque negativo» de la realidad que el Gobierno «no puede compartir».

Solbes recordó el contexto internacional de inflación elevada, la crisis de crecimiento a nivel global y las turbulencias financieras que afectan a todos los países. Además, reiteró que el Ejecutivo «está haciendo dos cosas» ante esta coyuntura; por un lado, utilizar el «margen de maniobra» que les permite el ahorro presupuestario y la normativa vigente para implementar medidas de ayuda y, por otro, permitir «el juego de los estabilizadores automáticos», al tiempo que advirtió que la política presupuestaria del próximo ejercicio tendrá que ser «más austera». En cualquier caso, y tras ser censurado tanto desde CiU -que, por ahora, parece su único aliado viable en este inicio de legislatura- como desde la coalición IU-ICV por «ajustarse al guión» sólo para «no reconocer» una situación que ya es «crítica», aseveró que «no es razonable» que el Estado tenga que pagar «cosas» como los problemas hipotecarios.