Las víctimas del Yak-42 piden que Aznar testifique en el juicio

Las familias de los militares fallecidos en el siniestro del Yak-42 solicitaron este lunes a la Audiencia Nacional que llame a declarar como testigos al ex presidente del Gobierno, José María Aznar, a los ex ministros de Defensa, Federico Trillo y José Bono, y a otros cargos y ex altos cargos civiles y militares en el juicio penal en el que se depurarán las responsabilidades por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres.

La petición está incluida en los escritos de acusación previos a la vista oral, para la que todavía no hay fecha, presentados por dos asociaciones de afectados. Ambas creen que Aznar y Trillo precipitaron la repatriación de los militares y su entierro apresurado por la proximidad de las elecciones.

Los afectados entienden que José María Aznar debe declarar porque fue quien «dio las órdenes pertinentes para el traslado de los cadáveres, la celebración del funeral de Estado y las condiciones en que este habría de celebrarse, el 28 de mayo de 2003».

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Las asociaciones piden la declaración de Federico Trillo, responsable de Defensa en el momento de la catástrofe, por ser quien ordenó viajar al lugar del accidente a la delegación militar que se hizo cargo de la recogida de los restos y los trajo de vuelta. A su sucesor en el cargo, el socialista José Bono, quieren interrogarlo porque «ordenó investigar los hechos» a su llegada al Ministerio de Defensa.

Las familias quieren interrogar también al ex secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, a quien acusan de estar al corriente de presuntas irregularidades en el momento en que se enterró a las víctimas y también de las circunstancias que rodearon la preparación del funeral de Estado, en el que Aznar y Trillo fueron abucheados e insultados en presencia del Rey por familiares de los fallecidos. Por lo mismo quieren que declaren también el entonces subsecretario de Defensa, Víctor Torre de Silva; el ex secretario general de Política de Defensa, el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, y el teniente general José Antonio Beltrán, a quien Trillo designó como coordinador de las operaciones de identificación y repatriación.

Trillo y Bono ya prestaron declaración durante la instrucción de la otra parte de la causa, la que se ocupa de investigar si hubo irregularidades en la contratación del aparato. En esa parte, el juez Fernando Grande-Marlaska imputó el pasado 20 de mayo a cinco mandos militares del Estado Mayor de la Defensa por un delito de imprudencia grave.